Inminente transferencia de Majes II desencadenaría un conflicto social

José Colque

El inminente traspaso del proyecto Majes-Siguas II a manos del Gobierno nacional provocaría un nuevo conflicto social en Caylloma, debido a que en esta provincia no están de acuerdo con esta decisión; además, en la propuesta final del convenio de transferencia, tampoco hay cambios sustanciales que atiendan sus reclamos.

Si bien al interior del Consejo Regional de Arequipa (CRA) —que el próximo 22 de julio decidirá si aprueba o no la transferencia— aún no existe un acuerdo definitivo; se conoció que el Gobierno de Dina Boluarte, maneja “un plan B” para asegurar que los destinos del proyecto se decidan desde el nivel central.

El mismo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, en una entrevista concedida a un medio nacional (Gestión), admitió que podrían emitir un decreto de urgencia para que Majes II pase a manos de su despacho, aunque primero esperan una respuesta formal de los consejeros regionales de Arequipa.

“Puede ir por allí, porque al final somos el Gobierno nacional. Podríamos dictar un decreto de urgencia y se traería (al Midagri), pero hay que darles su espacio (para discutir el tema)”, afirmó Manero a Gestión.

¿Es una amenaza?

Esta declaración no cayó bien al interior del CRA, ya que la tomaron como una amenaza en caso de que no aprueben la nueva versión del convenio de transferencia de Majes II.

“Me sorprende. No había visto un ministro que le falte constantemente el respeto a Arequipa. Es casi como una amenaza, ‘si no me lo apruebas yo te la quito’. Eso pinta de cuerpo entero a la actual gestión nacional que existe”, señaló el presidente de la Comisión de Infraestructura, César Huamantuma.

Huamantuma preside el grupo de trabajo que prepara el dictamen sobre la transferencia del referido proyecto y, pese a reconocer que la vía del decreto de urgencia es factible en el ámbito legal, aclaró que también podría activar un conflicto social en Caylloma.

“Arequipa no va a quedarse tranquila, sumisa ni callada, puede haber un conflicto social grande. Espero que el Ejecutivo evalúe bien lo que pretenden hacer, la región puede convulsionar de nuevo porque hay algunos sectores que están en desacuerdo con la transferencia. Queremos sacar adelante Majes-Siguas II, pero no de esta forma”, apuntó.

Por su parte, el presidente del CRA, Fernando Cornejo, lamentó que se genere dicho escenario a estas alturas del debate de la transferencia.

“No tiene sentido hacernos pasar por todo esto si al final lo podían solucionar de esa manera, es muy preocupante, no le encuentro sentido a esa declaración”, cuestionó.

Entre tanto, el gerente ejecutivo de Autodema, Sixto Palomino, explicó que la transferencia es necesaria debido a que es el único camino para destrabar el proyecto, considerando que el

Gobierno nacional tiene los recursos económicos y técnicos para ejecutarlo.

Caylloma en pie de lucha

Desde el Frente de Defensa de Caylloma, anunciaron una posible marcha denominada

“Cayllominazo”, mientras que el alcalde de dicha provincia, Alfonso Mamani, expresó que

las autoridades del Gobierno nacional y del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) deben plantear soluciones definitivas en la puesta a punto de Majes I, la reubicación de los pobladores de Pusa Pusa, entre otros temas que aún no se resuelven.

Nuevo convenio sin cambios sustanciales

Las modificaciones en el convenio final planteado por el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) los primeros días de julio, no convencen a los consejeros regionales de Arequipa. Ellos habían solicitado un plan de trabajo para la reubicación de los pobladores afectados, un cronograma de desembolsos y de ejecución financiera, pero ninguno de estos aspectos se menciona a detalle, según coincidieron César Huamantuma y Fernando Cornejo.

En dicho documento, el Midagri señala que la reubicación de los pobladores afectados está en manos del GRA y que cuando visitaron la zona, hubo rechazo a su gestión, por lo que no existen acciones concretas ni mesas de trabajo al respecto.

Sobre los desembolsos, ejecución financiera y física del proyecto, recalcaron lo expuesto semanas atrás ante los consejeros, cuando anunciaron que en un plazo de 30 días calendario desde la suscripción de la transferencia, se elaborará un plan de trabajo.

En el único cronograma del documento (advirtiendo “en el peor de los casos”) se indica que

para marzo de 2025 se haría el contrato para el perfil técnico de las obras de la puesta a punto de Majes I, en marzo de 2027 se daría la firma de gobierno regional a Gobierno y en marzo de 2029 la ejecución de obras por un plazo de cuatro años. Mientras que sobre Majes II se detalla: una defensa jurídica por 4 años, la emisión del laudo arbitral para junio de 2028, recepción de bienes de concesión para enero de 2029, el proceso gobierno regional a Gobierno para junio del mismo año, ejecución física por 4 años y culminación para junio de 2035.

Cabe señalar que en el nuevo convenio no precisaron un cronograma célere al respecto, petición que se hizo desde el CRA.

Sobre la base de esta nueva versión del documento de convenio de transferencia de Majes-Siguas II, la Comisión de Infraestructura alista un dictamen para este 22 de julio.

“En este dictamen no sólo vamos a pronunciarnos sobre la transferencia, también estamos llevando una propuesta para reestructurar Autodema. Pero el nuevo convenio del Midagri es casi el mismo que el anterior, no varió en lo que pensábamos los consejeros”, adelantó el titular de dicho grupo de trabajo, César Huamantuma.

Arbitraje en contra

Huamantuma y Cornejo también lamentaron el rumbo que tomó el arbitraje de Majes-Siguas II, considerando que el GRA deberá pagar un total de S/ 703 mil (S/ 94 mil por gastos administrativos del centro de arbitraje y honorarios del tribunal arbitral, más 100 mil euros y 53 100 dólares en asesoría legal de Angostura) tras el dictamen del laudo final por parte de la Cámara de Comercio de Lima.

En este documento se indica que el GRA no cumplió con su obligación de iniciar el trato directo con Angostura antes de acudir al arbitraje. Desde el GRA informaron que plantearán un recurso de nulidad ante el Poder Judicial antes del 25 de julio, debido a que el tribunal arbitral no habría tomado en cuenta el Art. 16 del TUO del contrato, en el que se excluye el pago de los costos y gastos de manera individual.

“No hemos perdido ni hemos ganado. El tribunal arbitral sólo ha determinado que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) es el que tiene la competencia para resolver esta controversia, bajo el argumento de que las pretensiones del GRA superan los S/ 30 millones; por lo tanto, el tema de fondo no se ha decidido: es decir, si tiene razón Cobra o el Gobierno Regional de Arequipa”, explicó la procuradora del GRA, Amparo Begazo.