Redacción
Un recurso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por docentes y estudiantes de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), busca que no se reconozca el aborto como un derecho, sino que, por el contrario, se priorice su prevención. Esto a raíz del polémico caso de ‘Beatriz contra el Estado de El Salvador’.
En el referido proceso, se pretende despenalizar el aborto cuando exista incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, es decir, cuando este no pueda vivir fuera del útero o, si lo hace, sería por muy poco tiempo. Además, se reconocería el derecho al aborto.
Cabe precisar que este tribunal es el máximo organismo jurídico y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio entre las naciones que forman parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Si el fallo es favorable a los pedidos hechos contra el Estado salvadoreño, servirá de argumento para que su aplicación sea solicitada ante los parlamentos de otros países, entre ellos el Perú.
El equipo de la Clínica Jurídica de la San Pablo utilizó el Amicus Curiae, que es un instrumento jurídico que permite la participación de las personas ante los tribunales constitucionales, cortes de derechos humanos, tribunales arbitrales, entre otros que van a resolver temas de alto interés público, para presentar sus argumentos respecto al tema en litigio.
Caso se discute desde hace 10 años
Hace 10 años, el Estado salvadoreño prohibió a ‘Beatriz’ interrumpir su embarazo. Beatriz, nombre ficticio de una joven de 22 años, padecía de lupus y estaba embarazada de una niña con anencefalia, una anomalía que evitaría el crecimiento del encéfalo, el cual controla las funciones del cuerpo y del cráneo. La niña debido a esta condición falleció cinco horas después del parto.
En noviembre de 2013, diferentes organizaciones presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —que es un órgano de la OEA que recibe denuncias, las investiga, pero no juzga casos—, en la cual se alegó la responsabilidad internacional de El Salvador en perjuicio de Beatriz.
Se denunció la falta de acceso a una interrupción legal de su embarazo.
La CIDH se pronunció a favor de la víctima y, entre otras cosas, recomendó la despenalización del aborto en casos similares. Sin embargo, el Estado salvadoreño no aceptó todas las recomendaciones, cambió leyes e implementó nuevos protocolos. Por ello, la Comisión presentó el caso de Beatriz ante la Corte IDH en enero de 2022, para que sea el tribunal el que ordene al gobierno de El Salvador cumplir con las medidas de reparación que se le impongan.
IMPORTANTE
Para Trilce Valdivia, el hecho de que en Perú existan varias causales que permiten a las gestantes, con hasta 22 semanas de embarazo, solicitar un aborto terapéutico, podría considerarse como una desprotección a la vida prenatal.
Posición sobre el caso
Para Trilce Valdivia, coordinadora de la Clínica Jurídica del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la UCSP, el pronunciamiento de la Corte IDH podría permitir la liberalización del aborto y por consiguiente, la desprotección de la vida prenatal, la cual, aclara, también está protegida por los derechos humanos.
Explicó, que el pedido de la CIDH es contrario a la protección de la dignidad de todas las personas, más aún en un caso de anencefalia, donde la persona padece un caso de discapacidad. “Se pretende eliminarla por la enfermedad que padece”, afirmó.
Además, agregó que ningún tribunal de derechos humanos reconoció el derecho al aborto, por el contrario, la comunidad internacional siempre se preocupó por prevenirlo.
En esa línea, en el Amicus Curiae presentado se consideró que, “la Corte debe centrar su atención sobre la obligación internacional de El Salvador para implementar servicios de salud que sean disponibles, accesibles, aceptables, y de calidad” para la gestante, durante el embarazo, parto y postparto.
Deben mejorar los servicios de salud
Valdivia cuestiona que una mujer se entere que está embarazada recién a los 3 o 4 meses de gestación. Por ello, refiere que los estados deben mejorar los servicios de salud materna para que la madre tenga una alimentación, control y atención adecuados.
Asimismo, es necesario que se establezcan lineamientos éticos claros para actuar en los casos excepcionales que se presenten, donde un embarazo pueda poner en riesgo la vida de la madre. Esto, con el fin de brindar protección legal a la progenitora ante el temor de ser encarcelada.
El equipo que presentó el Amicus Curiae sostiene que este caso debe considerarse como una oportunidad para que la Corte IDH armonice el derecho a la vida del concebido, con el derecho a la salud materna y; brinde directrices para garantizar el derecho a la salud materna.
De esa manera, se avanzará en la protección de los derechos humanos sin discriminación alguna.
EL DATO
El equipo presidido por Trilce Valdivia estuvo integrado por la tesista Valeria Delgado, la profesora de Derechos Humanos, Adriana Melgar, las alumnas Karla Triveño y Daniela Rodríguez, junto a otros docentes de la San Pablo.
Nuevo pronunciamiento
La Clínica Jurídica de la San Pablo trabaja en otro documento similar al Amicus Curiae, como parte del curso de Derechos Humanos, en un caso en el que el Estado de Argentina solicitó a la Corte IDH una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado.
Lo que busca el Estado argentino, es que el tribunal brinde lineamientos generales sobre este derecho, así como las obligaciones que deben tener los estados para con los cuidadores. Valdivia advierte que esta labor pese a ser importante, no es valorada.
Por ejemplo, las trabajadoras del hogar en el Perú a pesar de contar con un régimen laboral particular son muchas veces víctimas de maltrato y en algunos casos, ni tienen la posibilidad de establecer un vínculo laboral formal.