Crisis en transporte y salubridad debe ser atendida con urgencia en Arequipa

Isabel Álvarez Cabana

El reciente accidente de tránsito con un bus del Sistema Integrado de Transporte (SIT), que terminó con una persona fallecida, provocó que la nueva gestión municipal de Arequipa, a cargo de Víctor Hugo Rivera, evalúe declarar en emergencia el sector al iniciar el año 2023.

Incluso el alcalde electo, anunció el reordenamiento del transporte con el cambio de sentido en algunas vías del centro histórico. Por ejemplo, el corredor Jerusalén – San Juan de Dios, dejaría de ser exclusivo para el SIT y volvería a ser de bajada, entre otros cambios.

¿Qué otras prioridades deben ser atendidas en los primeros 100 días de administración municipal? Carlos Andrade, futuro gerente municipal señaló que “hay que volver a reordenar todo el modelo [de transporte] de una forma que se tenga una propuesta técnica más coherente, racional y práctica”.

Detalló que los técnicos revisarán los contratos de concesión, y ver si existen actos irregulares en el SIT para adoptar las acciones correspondientes. De estar todo en orden, se modificará la estrategia para que este sistema beneficie a la población.

Problemas y solución al transporte

El problema con este sector, según el especialista en derecho municipal Juan Fernando Mendoza, es que las autoridades prefieren dar prioridad a los transportistas, en desmedro de los usuarios.

Por ello, consideró necesaria una reforma del SIT, porque, por ejemplo, la capacidad de las unidades autorizadas no es la adecuada y se deberían retirar las cústeres y combis.

Para el regidor Jorge Condori, el SIT se desnaturalizó. Primero se pretendía que sea un Organismo Público Descentralizado (OPD), pero de acuerdo a ley no se podría, y actualmente todo el sector sigue a cargo de la Gerencia de Transportes.

Urgencia sanitaria

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Víctor Hugo Rivera también advirtió que el relleno sanitario ubicado en el sector La Pascana, distrito de Yura, está a punto de colapsar, su tiempo de vida útil finaliza en unos 58 días, menos de dos meses.

“Si sabían que iba a colapsar, ¿dónde están las medidas de salubridad y los temas de contingencia, considerando que todos los distritos dejan sus desechos en ese lugar?”, cuestionó.

Ante esta urgencia, indicó que mantienen las coordinaciones con el Ministerio del Ambiente y el Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania (KfW), para la construcción de un nuevo relleno sanitario.

Este proyecto demoraría unos ocho meses y una propuesta es que se instale en el Cono Sur, Yarabamba es una alternativa. Otra medida inmediata sería el mejoramiento del actual recinto.

Bicentenario genera riesgo

Otro de los inconvenientes que preocupa a la nueva gestión es la obra de interconexión vial Bicentenario. Y es que, luego que la Contraloría declarara improcedente el adicional de presupuesto por S/ 13. 4 millones, esta podría retrasarse entre 50 y 80 días.

Así lo advirtió Carlos Andrade, quien lideró la comisión de transferencia y agregó que esta situación significa un riesgo para la población, ante la cercanía de la temporada de lluvias.

Sucede que en el lugar se puede formar una laguna temporal y podría haber filtraciones en las viviendas aledañas. “Debemos hablar con los contratistas para que, por lo menos, tengan un plan de contingencia y puedan mitigar la afectación a los vecinos”, apuntó.

Más obras inconclusas

Hay otras dos obras con lento avance, la construcción del colegio Luis H. Bouroncle y el mejoramiento de la transitabilidad frente al colegio Gran Unidad Escolar. Ambas se iniciaron en las últimas semanas de septiembre; la primera tiene un avance del 3 % y la segunda de  7.99 %, según el portal de Infoobras.

Estos proyectos se ejecutan por administración directa. Andrade sostuvo que el problema con esta modalidad es que demoran los procesos de adquisición de bienes.

Para el especialista en derecho municipal Juan Fernando Mendoza, en la mayoría de los casos, el problema empieza cuando las autoridades buscan economizar en la elaboración de los expedientes técnicos, gastan menos y los documentos terminan mal hechos.

Exceso de personal

Durante el proceso de transferencia también se evidenció un exceso de personal. A la fecha, son 2 400 trabajadores de la municipalidad y de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD).

El personal labora bajo diferentes regímenes legales como el 276, 728, CAS, algunos tienen contratos permanentes y también hay cesantes.

Andrade dijo que hubo ausencia de liderazgo y experiencia en gestión pública en las diferentes gerencias, lo que conllevó a que sean improductivas. Tampoco podría haber recorte de personal, porque hay muchos que consiguieron la estabilidad, por lo que el reto es optimizar el recurso humano.

Descontrol con propiedades

Para Andrade, la Empresa Municipal de Servicios (Emecsa) y los OPD requieren una reingeniería y ser adaptados a las exigencias de estos tiempos para que sean productivos. Para ello se requiere de funcionarios con una visión empresarial que optimicen los recursos.

Emecsa no solo tiene una deuda renegociada con la Sunat, sino que tampoco está al día en el cobro por sus servicios. Hay empresarios que alquilan bienes de la institución, pero no cumplen con sus pagos, incluso se tiene un caso de adeudo hasta por dos años.

“Deben entender que esos espacios son de la ciudad y nadie puede lucrar con ellos. Si no van a pagar alquileres, entonces deben devolverlos”, afirmó Andrade. La nueva gestión también revisará los contratos del camal municipal.

Gestión improvisada

En opinión del regidor Jorge Condori, en estos cuatro años de gestión municipal hubo mucha improvisación en diversas áreas, como Desarrollo Urbano, Transportes y Servicios Comunales. Cuestionó que no se haya colocado a personal técnico con experiencia y capacidad para afrontar los principales problemas de la ciudad.

A ello se suma que no hubo mayor fiscalización de parte de los regidores, que en su mayoría —según Condori— optaron por proteger al entonces alcalde Omar Candia.

Lo que rescata de esta gestión es la descentralización de las inversiones en distritos alejados de la provincia.

Por su parte, Juan Mendoza recordó que la mayoría de problemas se solucionarán cuando las autoridades comprendan que se debe anteponer el bien común a los intereses de grupo.