Arequipa: conflictos mineros crecen, pero no avanza formalización

Isabel Álvarez Cabana

Los distritos de Acarí y Atico en la provincia de Caravelí; el sector de Secocha en Camaná y; Río Grande en Condesuyos, pusieron en alerta a la Defensoría del Pueblo en Arequipa, debido al incremento de la minería informal y el lento avance en los procesos de formalización.

“Este escenario de informalidad está afectando directamente los derechos de los niños, porque no tienen las condiciones necesarias para ir al colegio y tampoco tienen la atención debida”, advierte Ángel María Manrique, jefe de la Oficina Defensorial.

Los pobladores que habitan por estas cercanías, advierten que el mayor problema es la inseguridad, ya que viven en medio de robos, asaltos y prostitución.

Además, se generan problemas de contaminación que provocan efectos irreversibles, porque vierten mercurio y otros metales pesados a los afluentes o al medio ambiente, debido a la falta de control y fiscalización de parte del Estado. No obstante, las consecuencias del avance de este “flagelo” no terminan ahí.

Se intensifica la conflictividad

En diciembre de 2020, en Atico (Caravelí), las esposas de mineros artesanales de la asociación Calpa Renace, denunciaron un ataque que dejó dos muertos y nueve heridos de bala. En el hecho se involucró a la empresa minera Intigold Mining, que habría permitido la extracción de mineral a esta asociación y a Atico Calpa.

En octubre de 2021, el Gobierno Regional de Arequipa informó que se había logrado un acuerdo de paz entre los mineros de Calpa Renace y Atico Calpa. Sin embargo, en junio de este año (2022), un nuevo enfrentamiento dejó 14 muertos y 31 detenidos.

Ángel Manrique sostiene que este fue el punto cumbre del crecimiento sostenido de la minería informal e ilegal que se registra en los últimos 10 años y afecta a la región.

“Nunca se había vivido en Arequipa, esos escenarios de informalidad que incrementan los conflictos sociales y que implica la intervención de sicarios con armas de largo alcance, donde la vida de la población en esos campamentos corre peligro”, cuestiona.

Débil presencia del Estado

Una de las recomendaciones hechas por la Defensoría al Gobierno central fue brindar seguridad en esta zona, posteriormente se declaró el estado de emergencia en esta localidad, que se prorrogó hasta tres veces, pero no resolvió el problema de inseguridad, advierte Manrique.

Se conformó un equipo de trabajo entre la Gerencia Regional de Energía y Minas junto al ministerio del sector, en noviembre debería emitirse un informe final desde la comisión de formalización minera; sin embargo, la crisis política que vive el país no permite que se atiendan los problemas reales de la población.

Así lo dio a conocer Ángel Manrique, quien sostiene que se debe hacer una evaluación integral del programa de formalización a quienes se suponía eran mineros informales y artesanales, “pero en la práctica se han convertido en territorios sin presencia del Estado”.

Décadas de formalización

Lo que agrava este panorama es que a la fecha no se tiene una política clara de cómo afrontar la minería informal e ilegal, precisa el abogado especialista en Derecho Minero y docente de la Universidad Católica San Pablo, César Montes de Oca, quien recordó que todo el proceso de formalización inicia en 2002 con la ley 27651.

La norma dispone la formalización y promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Diez años después, señala, se emitieron nuevas normas para facilitar la formalización, como una forma de brindar más facilidades ampliando plazos, pero no sirvió de mucho.

Esto se evidencia en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado en 2017, donde solo 4264 inscripciones de mineros de un total de 16 867, figuran como vigentes en la región Arequipa.

Acciones para prevenir

Montes de Oca sostiene que ahora que se tiene este listado se debe concluir el proceso de formalizar a quienes cumplan con todos los requisitos establecidos, y no dejar que pase más tiempo. Con ello, el Gobierno podrá enfocarse en una segunda etapa con mayor promoción para facilitar acuerdos.

Cabe precisar que además de Camaná, Caravelí y Condesuyos, hay otros puntos pequeños de minería informal en las provincias de Caylloma, Islay y La Unión, pero con el riesgo de seguir incrementando esta actividad, con los consiguientes problemas sociales que acarrea, si es que sigue ausente el Estado.