José Colque
En las dos últimas semanas se puso en debate la ejecución de obras por administración directa, a cargo de los municipios y gobiernos regionales. Esto a raíz de una norma promulgada por insistencia en el Congreso, que regulaba y limitaba su aplicación.
Los retrasos en el cumplimiento de plazos, la contratación sin licitación de maquinaria o adquisición de insumos, además de las deficiencias en los expedientes técnicos y la falta de un tope en la inversión de estos proyectos, no sólo afectaba la transparencia del gasto público, sino que se prestaba a posibles actos de corrupción.
Todo esto, en opinión del abogado y docente del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo, Fernando Mendoza Banda, iba a ser controlado por la Ley n.º 31876, que disponía el tope de S/ 247 mil 500 (50 UIT) para esta modalidad de ejecución de obras. Y si el proyecto superaba dicho monto, tenía que ser licitado para que una empresa constructora lo desarrolle.
Recordemos que, por lo general, los gobiernos locales y regionales recurren a este mecanismo cuando se formulan proyectos de mejoramiento vial y mantenimiento de infraestructura y, se financian con el presupuesto de inversión pública.
“La norma iba a poner orden en esta modalidad de inversión. El análisis va por el lado de que las municipalidades y gobiernos regionales no son empresas constructoras. Por ejemplo, si uno construye su propia casa, qué hace normalmente, contrata a una empresa o a especialistas para que la hagan y así se evita demoras o fallas. Incluso si se dan estas dos últimas situaciones, existe una garantía de cumplimiento dentro de la ley”, cuestionó Mendoza Banda.
Por su parte, el especialista en Gerencia de la Construcción y docente de Arquitectura e Ingenierías de la Construcción de la Universidad Católica San Pablo, Juan Almonte Burgos, sostiene que la referida norma era un primer paso para mejorar este tipo de proyectos gubernamentales, pero tenía que articularse de forma integral con todas las autoridades, colegios profesionales, entre otros especialistas.
“Actualmente, sólo hay una normativa básica de Contraloría que data de 1988, pero esta debe actualizarse […]. La idea es integrar y proponer un sistema de gestión de proyectos aplicados a la administración directa, no sólo se trata de una ley. Debe existir un modelo de gestión que busque la eficiencia en los proyectos”, manifestó.
Derogatoria
Para derogar esta ley, un grupo de gobernadores regionales y alcaldes viajó a Lima en una especie de protesta ante el Congreso.
Su argumento, emitido a través de un comunicado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), fue que la norma promulgada el 23 de septiembre, les quitaba autonomía y carecía de un punto de vista realista, ya que restringía la promoción de trabajo. Incluso, hubo una protesta de obreros del gremio de Construcción Civil a nivel nacional en contra de su aplicación.
El secretario del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil Arequipa, Alfredo Phuño, indicó que el rechazo de su sector pasaba porque la ley aprobada por el Congreso, favorecía a las empresas constructoras.
No obstante, también coincidió con Fernando Mendoza, en que la modalidad de administración directa no es la única fuente de trabajo para los obreros. En esa línea, Phuño sostuvo que unos 20 mil trabajadores del sector laboran directamente con los gobiernos locales y regional, y otros 10 mil, en obras por contrata.
Mendoza, cuestionó el mensaje de la ANGR ya que, si se comparan las obras por contrata con las de administración directa, los gobernadores y alcaldes tienen mayor responsabilidad por temas de corrupción y retrasos en la ejecución, vinculados con los deficientes expedientes técnicos que elaboran. “Esto claramente se puede demostrar en una auditoría”, aseveró.
IMPORTANTE
El Gobierno Regional de Arequipa ejecuta cerca de 43 proyectos por administración directa, con una inversión total de S/ 591 millones. De ellos, 18 contemplan adicionales que, en conjunto, alcanzan S/ 74 millones. El principal problema son los expedientes técnicos.
Una mala experiencia
Para Juan Carlos Almonte, el mecanismo de administración directa debería agilizar las construcciones, pero a la fecha, sólo evidencia incertidumbre en su proceso.
“Se requiere sistemas de gestión para adelantarnos en los hechos estudiados por los estudios técnicos. Muchas veces en la administración directa hay falencias en la provisión de insumos. No están al mismo ritmo que el avance de la obra. Y si no te llega el material, tienes que paralizar. Esto se debe regular internamente en cada gobierno regional o local”, señaló.
En la actualidad, existen dos obras que se realizan por la avenida Jesús y tienen un incremento presupuestal en promedio del 30 % del costo inicial, principalmente a raíz de los erróneos estudios técnicos aprobados por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).
Una de ellas es ejecutada por administración directa para mejorar el asfalto entre el tramo de la avenida Jesús hasta el óvalo Mariscal Castilla. Inició el 19 de septiembre de 2022 con una inversión aprobada de S/ 9 millones 770 mil y debía ser entregada en febrero pasado. A la fecha, tiene un avance de 34 % y tras una ampliación presupuestal, costará S/ 12 millones 754 mil, es decir, un 30 % del valor inicial.