Entidad detectó presunta responsabilidad administrativa, civil y/o penal en exgobernadora, alcalde provincial, exgerentes regionales, entre otros.
Kelly Castillo Mamani
Los hechos irregulares y los casos de presunta corrupción que involucran a funcionarios públicos, no cesan en Arequipa. Según la Contraloría General de la República, en la región, identificaron a cerca de 400 servidores y funcionarios de distintas entidades, comprometidos en presuntas irregularidades e infracciones en su accionar.
Según la Contraloría, esto fue detectado a través de diversos servicios de control posterior en el año 2021, que generaron un perjuicio económico al Estado de S/ 85 millones. Cabe resaltar que la institución de control intervino más de 25 obras.
Entre los servidores involucrados, figuran, por ejemplo, la exgobernadora regional, Yamila Osorio Delgado; el alcalde provincial, Omar Candia; el exgerente regional, Gregorio Palma; el jefe del Comando COVID, Christian Nova; el exgerente de Trabajo, Freddy Cahui; el exgerente de Transportes, Grover Delgado, entre otros funcionarios, que tendrían presunta responsabilidad civil, penal o administrativa.
En el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y es sus unidades ejecutoras (Autodema, gerencias de Salud, Trabajo, Educación, etc.) se detectó un mayor perjuicio económico, (S/ 48 millones) que comprometía a 129 servidores. Luego le siguen los gobiernos locales y otras instituciones públicas (Sedapar, Seal y la Universidad Nacional de San Agustín), donde se identificaron a más de 300 servidores involucrados, respectivamente.
El gerente regional de Control, Fabio Niño de Guzmán, detalló que, entre los casos emblemáticos de mayor impacto realizados en el año 2021, figura el informe de auditoría de cumplimiento a la Variante de Uchumayo-tramo II, obra ejecutada por el GRA, cuyo perjuicio económico es más de S/ 20 millones.
En este caso, se evidenció ampliaciones de plazos sin sustento legal ni técnico, demora injustificada en la absolución de consultas que originó pago de mayores gastos generales, inaplicación de penalidades y otras irregularidades.
También se identificó un perjuicio económico de más de S/ 12 millones en la Municipalidad Distrital de Majes (Caylloma), por irregularidades administrativas, deficiencias técnicas constructivas e inaplicación de penalidades en la ejecución de la obra Centro Recreativo y Deportivo de El Pedregal. Actualmente la infraestructura está inoperativa e inutilizable.
Otro proyecto intervenido, fue la colocación de murales y monumentos en la variante de Uchumayo, sin la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y que no estuvo alineado al criterio del cierre de brechas culturales establecido por las normas de invierte.pe, lo que generó inseguridad en la vía de alto tránsito vehicular y un perjuicio de más de S/ 2.6 millones al Gobierno regional.
Niño de Guzmán, refirió también que, adicionalmente existen otros S/ 25 millones en perjuicios correspondientes al año 2021, en dos obras de agua en Camaná y Aplao (Castilla), y una represa en La Unión. Los informes están por ser publicados.
Durante una jornada informativa donde se dio un balance de gestión del control gubernamental en 2021, Niño de Guzmán anunció que, en marzo, harán un megaoperativo de control a diversas instituciones públicas en las ocho provincias y 109 distritos de la región, así como a otras entidades estatales del Gobierno nacional en el departamento. El operativo durará cuatro meses.
Auditoría a colegios
El gerente regional de Control, anunció también la intervención —en las siguientes semanas— a 248 instituciones educativas en las ocho provincias, para determinar si estas cumplen con las disposiciones para el retorno a la semipresencial o presencialidad en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID- 19 o si se cumplen las disposiciones vigentes en gestión institucional y administrativa.
En el año 2022, también prevén hacer operativos en municipalidades por prestación del servicio de limpieza pública, saneamiento y electricidad en universidades públicas y en diversos gobiernos locales por consultorías contratadas.
EL DATO
Luego de detectar las situaciones adversas por la Contraloría en Arequipa (en 2021), los gestores públicos tomaron acciones para corregirlas; sin embargo, muchos no acogieron las recomendaciones de la institución.