Deysi Pari
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, afirmó en Perumin 37 que el “contexto de conflictividad” que había hace años en torno a los proyectos mineros, ya no existe. No obstante, el último reporte de la Defensoría del Pueblo, publicado en agosto pasado, señala que, de los 98 conflictos socioambientales activos y latentes, el 62.2 % está relacionado a la actividad minera.
Según la perspectiva de Montero, los desafíos sociales actuales se pueden resolver con diálogo y no conoce un conflicto reciente que resista a “una buena mesa de diálogo”.
Durante su intervención en un panel con representantes de la industria extractiva, sobre los principales retos de la minería, Montero aseguró que ve un panorama favorable para la inversión, al punto de afirmar que el “Perú está en su mejor momento”.
“Me atrevo a decir que estamos mejor que nunca, veo que las empresas están muy evolutivas, muy centradas en lo que nos interesa y nos conviene”, afirmó. También atribuyó esta sensación a que hay un grupo de gobernadores regionales con conceptos claros sobre el desarrollo y comunidades que, junto a sus asesores, están “más transaccionales” y con “deseos de cerrar y llegar a acuerdos”.
También atribuyó esta sensación del supuesto “buen momento” a su estrecha relación con el Congreso. Según dijo, su ministerio está al servicio de los empresarios mineros, y en el Gobierno hay una “decisión cerrada” de apoyar todas las inversiones y a los inversionistas. “Hay una intención de sacar adelante lo minero, petróleo, gas, masificación de gas, generación eléctrica, distribución eléctrica. Hay una sensación de que el Perú está en su mejor momento”, reiteró.
Los conflictos están presentes
La profesora del Departamento de Derecho y Ciencia Política de Derecho de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) y especialista en regulación, gestión y economía minera, María Rebeca Justiniani Romero, sostuvo que lo dicho por el ministro Montero refleja la importancia de que los proyectos mineros avancen en un clima de diálogo y estabilidad.
Justiniani comentó que sí se están haciendo esfuerzos para prevenir tensiones y fortalecer la relación entre la empresa, la comunidad y el Estado.
No obstante, respecto a la conflictividad social aclaró que “no podría decirse que no está presente”, porque los conflictos son parte de la convivencia diaria.
Esto implica reconocer que pueden presentarse demandas, necesidades, percepciones e incluso expectativas en los territorios mineros. “Lo valioso es que existen y sería bueno que se usen mecanismos institucionales y espacios de participación para que se aborden de manera anticipada y constructiva estos temas”, refirió.
Por otro lado, la abogada explicó que es importante que se promueva un shock desregulatorio para la minería, pues permitiría mejorar la inversión en este sector.
Empresas en zonas sin presencia del Estado
Durante el panel “Principales retos de la minería”, otros panelistas del sector privado ofrecieron una perspectiva distinta y describieron una realidad donde la ausencia del Estado es uno de los principales generadores de problemas.
La presidenta ejecutiva de la Compañía Minera Poderosa S.A., Eva Arias, sostuvo que uno de los desafíos de las operaciones extractivas es que llegan a zonas muy alejadas, donde la presencia del Estado es débil e inadecuada.
En cuanto a este tema, el vicepresidente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de MMG Las Bambas, Claudio Cáceres, afirmó que cuando hay necesidades insatisfechas y una empresa quiere desarrollar un proyecto minero en esas zonas, las comunidades ven a la empresa privada “como una suerte de Estado” y le exigen la satisfacción de necesidades que el Gobierno no ha cubierto.
Cuando la empresa no puede cumplir con todas estas demandas, se generan frustraciones que se convierten en una “primera fuente” de conflictividad.
Rechaza nueva ampliación de vigencia del Reinfo
En relación a la formalización minera, Jorge Montero sostuvo que su despacho se opone a cualquier ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el cual vence el 31 de diciembre de este 2025. “No es necesario [ampliarlo]”, señaló el titular del Ministerio de Energía y Minas.
Con respecto a la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), el funcionario cuestionó si la Comisión de Energía y Minas del Congreso podrá resolver sus matices internos y proponer al sector minero peruano una nueva norma razonable que no vulnere los derechos y las condiciones ya pactadas.