Propietarios de locales comerciales dejarían de pagar impuesto por alquileres

Incremento de impuesto a la renta de 5% a 10%, afectará a dueños y arrendatarios de inmuebles de todo el país

El incremento del IR prosperará siempre y cuando el Congreso apruebe el pedido de facultades legislativas hecho por el Gobierno.

En Arequipa, el 50% de tiendas en los centros comerciales tradicionales, son ocupados por arrendatarios

 César Ventura Pizarro

Un eventual incremento del impuesto a la renta (IR) de primera categoría (aquel que se paga por alquiler de inmuebles), provocaría que los propietarios de locales en los diferentes centros comerciales, dejen de pagar dicho tributo. Así lo confirmó Heber Peñaloza, Presidente de la Cámara de Asociaciones de Centros Comerciales de Arequipa (Cadac).

“Los que tributamos, buscaremos una salida legal para no hacerlo. No sabemos cuál es el criterio del Gobierno [para subir el impuesto]. Parece que no sufrieron con la pandemia”, refirió el representante. Peñaloza estima que esta medida, generaría que un 13% de los propietarios de locales en centros comerciales, pasen a la informalidad. “El 30% de arrendadores [en centros comerciales] paga este impuesto. Con esta reforma, finalmente solo pagaría el 17%”, afirmó.

Subirá hasta 10%

Ahora, este impuesto equivale al 5% del valor de alquiler de un inmueble y es pagado de forma mensual. Con la reforma tributaria que plantea el Gobierno del presidente Pedro Castillo, este tributo, de acuerdo con las declaraciones del ministro de economía, Pedro Francke, podría llegar al 10%.

Al respecto, Gonzalo Escalante, abogado tributarista y profesor de la Universidad Católica San Pablo, indicó a Encuentro que este planteamiento y otros, considerados en la denominada reforma, no son necesarios. “En gran medida lo que están buscando, es incrementar las tasas y recaudar como sea. El sentido que se le pretende dar a esta reforma no es el adecuado”, precisó.

La lógica del Gobierno, es que quienes tienen mayores ingresos paguen más impuestos; sin embargo, para Escalante la fórmula es equivocada. “El ejecutivo está partiendo de una visión sesgada. Su premisa es que, si tienes un inmueble para alquilar es porque tienes otra fuente de ingreso y patrimonio importante, por lo que puedes pagar más impuestos. Lo cual no siempre es cierto y podría generar distorsiones, afectando a personas con ingresos inferiores”, precisó.

Por ejemplo, el caso de personas que hayan perdido su trabajo o la pérdida de quien fue la principal fuente de ingreso de una familia y están en la posibilidad de arrendar una propiedad.

Ante esta inconsistencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, emitió un comunicado indicando que el impuesto, no sería aplicado a personas cuyo único ingreso sea el alquiler de un inmueble menor a S/ 2 566. No obstante, aquellos que tienen otra fuente de ingreso, sí serán afectados, así como los que alquilan más de un inmueble.

“En gran medida lo que están buscando, es incrementar las tasas y recaudar como sea. El sentido que se le pretende dar a esta reforma no es el adecuado”

Gonzalo Escalante, abogado tributarista y profesor de la UCSP

Arrendadores

Si bien el pago de este impuesto es responsabilidad de quien alquila el inmueble, el incremento del impuesto también se trasladaría al arrendatario. Es decir, los alquileres podrían subir. “Puede pasar que, los arrendadores pasen a la informalidad o en su defecto, incrementen los precios de los alquileres. Ninguna de las dos opciones es deseable”, indicó Escalante.

En ese sentido, la mitad de los comerciantes ubicados en centros comerciales tradicionales de Arequipa, se verían afectados con mayores montos a pagar por alquileres, ya que, según Peñaloza, alrededor del 50% de establecimientos en los centros comerciales tradicionales de Arequipa, son ocupados por arrendatarios y no por los propietarios.

Además, un eventual incremento de alquileres no solo afectaría a comerciantes, sino también a personas que alquilan casas o departamentos para vivir.

Importante

La reforma tributaria, forma parte del pedido de facultades legislativas que el Gobierno ha solicitando al Congreso de la República y que contiene, entre otros, diversos cambios legislativos en materia económica y financiera.

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