Gobierno propone nuevo paquete económico para reactivación

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, los problemas de saneamiento de terrenos han paralizado US$ 6 250 millones en obras.

César Ventura Pizarro

Por segunda vez en lo que va del 2017 el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski presentará un paquete económico para reactivar la economía nacional. Esta vez entregará ocho proyectos de ley al Congreso de la República, buscando su aprobación.

La primera vez que el Ejecutivo buscó la venia del Parlamento en materia económica fue a través del denominado Plan 150 mil a comienzos de año. Luego vinieron las críticas: muchos economistas calificaron el plan como tiempo perdido. Es por ello que Fernando Zavala, premier y ministro de Economía, busca revertir la situación.

Esto a pesar de que la misma Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) anunció que el crecimiento económico del 2018 será de 4 % y no 4.4 % como el Gobierno pronosticó el año pasado. Los temas en los que el Ejecutivo busca aprobación están referidos al mercado de capitales, hidrocarburos, expropiación de terrenos, reforma y sueldo de reguladores, cooperativas de ahorro y crédito y comercio exterior.

Para César Bravo, decano del Colegio de Economistas, este nuevo intento responde a que “en el primero no se dieron las condiciones adecuadas para concretar los temas propuestos”.

Ley de expropiaciones

Bravo sostiene que un tema fundamental en el paquete tiene que ver con “reactivar la economía mediante el gasto público”. Así, la propuesta de saneamiento de terrenos destinados a obras públicas es, desde la mirada del economista, “un punto positivo”.

El paquete incluye la ley de expropiaciones, un proyecto que propone darle a Proinversión la potestad de sanear terrenos privados necesarios para obras públicas. De aprobarse, los gobiernos municipales y regionales y los ministerios ya no serán los que realicen el saneamiento y solo tendrán que comunicar a Proinversión la cartera de los principales proyectos que involucren expropiaciones, y esta entidad será el organismo que centralizará este proceso. El fin es despejar estos inconvenientes.

Esta normativa ya fue presentada por el Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas, sin embargo, fue rechazada por el Congreso. Esta vez se excluye a las comunidades indígenas de esta norma, motivo que originó su rechazo.

MYPE

A pesar de que conforman el mayor porcentaje del tejido empresarial peruano, las micro y pequeñas empresas no están incluidas en el paquete. Para Bravo, este es un tema fundamental. “Una forma de reactivar la economía es ponerle más atención a las MYPE; promover su formalidad mediante cambios tributarios y una reforma de la Sunat”, advirtió.

El especialista señala que existen cobros tributarios injustos a los más pequeños, y más beneficios para las empresas más grandes. “Existe desventaja respecto al financiamiento, las empresas grandes consiguen créditos de 10 a 15 % mientras que las MYPE, de 35 a 38 %”, señaló. La reforma de la Sunat aún es un tema pendiente y por ahora no está en la agenda económica.

Por otro lado, el sector microfinanciero sí sufrirá modificaciones. Específicamente las cooperativas de ahorro y crédito que contarán con una nueva ley. A mediados de año, estas instituciones pasaron a ser reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. La nueva norma se adecuaría a esta última modificación.

Capitales

Otro mercado que será intervenido, de aprobarse este pedido, será el de capitales. Existirá una mayor flexibilidad administrativa para las sociedades administradoras de fondos mutuos y fondos de inversión. Este último es el que financia proyectos de medianas empresas. Estos fondos se harán más flexibles para las empresas que recurran a financiamiento de dinero para sus proyectos.

El sector que más acude a este tipo de capitales es el inmobiliario, que ha tenido ritmos menores respecto a años anteriores. Un mayor acceso a este tipo de inversión permitirá mayores probabilidades de concretar proyectos habitacionales.

Sin embargo, según Félix Villanueva, funcionario de Quimera Inmobiliaria, estos fondos han incrementado sus tasas de interés por el escenario social y el político del país; situación que frena la disposición de las empresas para contar con este tipo de financiamiento.

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