César Ventura Pizarro
El gobierno de Pedro Castillo, anunció una medida controversial que busca proteger a los productores agropecuarios, pero que terminará perjudicando a los consumidores en general.
Así, por ejemplo, cuando el precio internacional de la leche disminuya, en el Perú se aplicará un mayor arancel para su importación. Esto evitará una afectación directa a los productores peruanos de leche, pero a la larga, esto provocaría un encarecimiento de este alimento básico para toda la población.
Este mecanismo (conocido como franja de precios) beneficiará solo a 5 000 productores arequipeños y a otros 30 000 en todo el país, según cifras del Ministerio de Agricultura. Mientras que los más de 30 millones de peruanos, tendrán que pagar más por este insumo, tal como lo advirtió Manuel Bedregal, profesor de la Universidad Católica San Pablo.
“Toda acción de política económica que beneficia a un grupo, perjudica a otro. Si se eleva el arancel a la leche, solo se protege a los ganaderos peruanos; sin embargo, si no se fija uno, se podría traer leche importada de mejor calidad y más barata. Así, por beneficiar a un grupo de ganaderos lácteos, se perjudicará a niños peruanos que necesitan este producto”, explicó.
Franja de precios
En el Perú, la franja de precios es aplicada a cuatro productos: leche en polvo, maíz amarillo, arroz pilado y azúcar blanca, y está vigente desde el 2001; sin embargo, por norma, el máximo arancel que se puede cobrar —cuando los precios de estos alimentos en el exterior salen de la franja— es el 15% de la suma del valor del producto, el flete y seguros.
Carlos Lozada, director general de Desarrollo Ganadero del Ministerio de Agricultura y Riego, adelantó a Encuentro que la intención del Gobierno, es retirar el tope arancelario y cobrar más. “Cuando se aplica [la franja de precios] con esa limitación [del 15%], la posibilidad de control es pequeña. Ahora el arancel quedará abierto, es decir no tendrá un límite”, afirmó.
Esto, según Lozada, porque años atrás, correspondía tener aranceles más altos, no obstante, por la norma no se pudo aplicar ello. “En 2015 y 2016, se emitieron decretos que limitaban a 15% [máximo] de arancel efectivo, cuando por las fluctuaciones del mercado, lo que equivalía aplicar era 80% de arancel”, aclaró.
Por su parte Manuel Bedregal, ratificó en que esta franja, generará más afectados que beneficiados. “Es un sinsentido proteger unidades productivas que no tienen una viabilidad técnica y más bien, se castiga a los consumidores de leche, que podrían tener un producto asequible a menor precio” indicó.
Largo plazo
En defensa de esta decisión, Lozada indicó que las bondades de esta política se verán en momentos en que el precio mundial de la leche y de los otros productos suban, puesto que, los productores nacionales, podrán proveer al mercado local y evitar precios altos.
“Si por precios bajos se destruye la ganadería lechera, vamos a depender de los precios internacionales y cuando estén muy altos, no habrá cómo atenuar ese incremento”, señaló Lozada.
El país, de acuerdo con el funcionario, importa el 30% de la leche que se consume en el mercado interno, por lo que, aún si se protege la producción nacional, esta no alcanzaría para cubrir la demanda local, es decir, seguiremos importando.
Bedregal califica este supuesto como una ‘ilusión’, debido a que el país no tiene el potencial para cubrir la demanda nacional de leche, maíz amarillo, trigo, entre otros. Por otro lado, también está la libre decisión de los productores nacionales de regirse a los precios globales. “Por un tema de mercado, los productores van a tomar el precio internacional [como referencia], salvo que el Estado obligue a no mantener precios”, finalizó.
EL DATO
El rango de la franja de precios se establece de acuerdo a los costos internacionales de los bienes, en los últimos 60 meses.