César Ventura Pizarro
Ante el incremento de precios de los medicamentos usados para el tratamiento del COVID-19, surgieron diversas iniciativas legislativas al interior del Congreso para regular estos costos, en tanto que la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, presentó una propuesta de ley para sancionar la especulación y el acaparamiento.
Oscar Sumar, especialista en regulación económica y director de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur, conversó con Encuentro sobre la viabilidad de estas medidas en circunstancias difíciles como la que vive hoy el país.
Viabilidad legal
“La Constitución no prohíbe fijar precios. Hoy se fijan precios en varias industrias como la electricidad y telefonía”, afirmó Sumar.
Sin embargo, para que suceda esto, existen condiciones, por ejemplo, “la regulación tiene que cumplir un test de proporcionalidad y tiene que lograr un objetivo. Solo se puede justificar cuando existe un monopolio natural”, explicó.
En cuanto a los medicamentos, Sumar dijo que “no es un monopolio natural”. Por lo tanto, “esta medida específica sí será inconstitucional, no porque la Constitución prohíba la regulación de precios, sino porque en este caso no se cumpliría el test de proporcionalidad”.
¿Es oportuno?
El incremento de precios observado en los últimos días generó que muchos sectores de la población simpaticen con las iniciativas del Congreso. No obstante, tomar decisiones respecto a la fijación de precios podría tener peores consecuencias.
“Casi siempre que se quiere regular los precios es porqué existe una crisis, pero lo que hacen estas normas es agravar la crisis”, indicó Sumar, y es que desde el punto de vista económico estas propuestas de ley generarían escasez y un mercado negro.
Los economistas que argumentan esta premisa, señalan que para las empresas es poco rentable comercializar productos con precios regulados, por lo tanto habrá menos oferta y eso fomentará una escasez. Todo ello provocaría además que se instale un ‘mercado negro’, con precios más altos a los fijados, así al haber escasez, las personas se verán en la necesidad de comprar en este ‘mercado’ que terminará beneficiando a otros especuladores.
¿Se aprobarán?
Las iniciativas legales para ‘fijar los precios’, cuentan con el respaldo de instituciones públicas e incluso de gremios como el Colegio Químico Farmacéutico y es probable que alguna de ellas prospere. Cada una persigue el mismo fin, pero de forma distinta. Las propuestas van desde sanciones por especulación y acaparamiento, hasta la creación de listas establecidas de precios, entre otras características.
Pero todas ellas, en opinión de Oscar Sumar “son malas”. “Ninguna de las alternativas de regulación de precios de medicamentos es buena”, sentenció.
“Si es que se regulara, en todo caso, que sea sin una lista de precios y que no se le otorgue funciones adicionales a Indecopi para perseguir precios”, agregó Sumar.