“Es irresponsable hacer caso ciegamente a la población”

Rolando Vilca Begazo

La propuesta del presidente de la República, Martín Vizcarra, para adelantar las elecciones generales al 2020, ha caído muy bien a la mayoría de la población, que rechaza la actuación del Congreso. Sin embargo, el remedio podría ser peor que la enfermedad, y así lo advierte el expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola Hani.

La propuesta del presidente, Martín Vizcarra, de adelantar las elecciones generales al 2020, ¿es constitucional?

En la medida que proviene del ejercicio de una facultad que le reconoce la propia Constitución para presentar proyectos de ley —incluso de reforma constitucional— al Congreso de la República, sí, es constitucional esta propuesta.

¿Qué tendría que ocurrir en el Congreso para que se concrete este adelanto de las elecciones?

Una vez que se reciba la propuesta, esta tendrá que ser derivada a la Comisión de Constitución para que proceda con el debate y emita el dictamen correspondiente, y finalmente pasará al pleno para su aprobación o rechazo. Ese es el procedimiento.

En el mejor de los casos, ¿cuándo se podría llegar a discutir su aprobación o rechazo en el pleno?

Este periodo legislativo se acaba de iniciar; la tarea en los siguientes días es la conformación de las comisiones, que en cierta forma se verá dificultada por la multiplicidad de bancadas que se han presentado. Eso quizás tome los primeros 15 días de agosto. Después, [la propuesta] llegará a la Comisión de Constitución y se iniciará su estudio hasta llegar a la ponencia del proyecto de dictamen, después de escuchar no solo a los congresistas, sino también a representantes del Poder Ejecutivo y también a algunos juristas que se podrían invitar para que opinen al respecto. Así se llegará al voto [del dictamen] y luego pasará al pleno.

Este es un proceso que podría tomar de uno a dos meses. Y podríamos llegar a noviembre con la aprobación de esta reforma y si es que se alcanzan más de los 66 votos, que viene a ser la mayoría absoluta que exige la Constitución para aprobar una reforma constitucional, pero sujeta a la ratificación en un referéndum.

Creo que este es el momento en el que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben encontrar una solución a través del diálogo para una crisis que no es tan grave como la que se presentó cuando Alberto Fujimori fugó del país.

Entonces, ¿el referéndum se podría convocar antes de fin de año?

Si [la propuesta de reforma constitucional] se aprobara en noviembre o diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que convocar a referéndum dentro de los siguientes cuatro meses, eso es hasta febrero o marzo para realizarlo; porque no solo hay que tener en cuenta la organización de todo el proceso electoral, sino también la asignación de recursos para llevarlo adelante.

Ahora, el resultado que se debe obtener es el de la mitad más uno [de los votos] para aprobar el referéndum. Solo así tendríamos la reforma constitucional para que el presidente convoque a elecciones, que tienen que ser generales tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, y teniendo en consideración que la legislación vigente exige no menos de ocho meses para convocar a un proceso electoral, podemos llegar hasta agosto del 2020.

Así las cosas, no sé si vale la pena. A menos que junto con la propuesta de reforma para el adelanto de las elecciones también se acuerde de manera excepcional un proceso electoral con plazos más cortos.

Las instituciones deben tener permanencia porque eso garantiza la seguridad jurídica y la predictibilidad de nuestro sistema democrático.

Esto, sin considerar la implementación de las reformas políticas en materia electoral que fueron aprobadas en el Congreso y que esperan la promulgación del Ejecutivo.

Y sobre ellas, incluso el Ejecutivo podría insistir como en el tema del voto preferencial, que nuevamente fue considerado en el Congreso y que contradice la propuesta del Ejecutivo. Entonces, esa parte podría ser observada. Eso demorará la promulgación de las leyes. De tal manera que las cosas no son tan sencillas. 

Además, en el Congreso, las bancadas fujimorista y aprista han señalado que si el presidente Vizcarra quiere agilizar el adelanto de las elecciones, entonces, debería renunciar.

Esa es una alternativa y se encuentra prevista en la Constitución. 

Pero, en ese caso, también tendría que renunciar la segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien por los gestos mostrados en los últimos días no vería muy bien la propuesta de Vizcarra.

Pareciera que ni siquiera sabía que se iba a anunciar un adelanto de las elecciones.

Solución  con diálogo

¿Qué pasa si el Congreso rechaza la propuesta de Vizcarra, se agudizaría más la crisis política del país?

El presidente ha dicho que esta decisión la toma escuchando el clamor de la población, pero no creo que la población pueda generar una convulsión por [el rechazo a] esta iniciativa.

Creo que este es el momento en el que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben encontrar una solución a través del diálogo para una crisis que no es tan grave como la que se presentó cuando Alberto Fujimori fugó del país. Aquí, si bien no hubo entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que se debe modificar es el comportamiento de las personas y no las instituciones, que deben tener permanencia porque eso garantiza la seguridad jurídica y la predictibilidad de nuestro sistema democrático, y da confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros para que sepan que aquí la Constitución no cede al antojo ni a los avatares de la política.

El presidente Vizcarra ha dicho que atiende el reclamo de la población, que pide en las calles que se cierre el Congreso.

Pero esta actitud, la salida que recomienda la calle, no es constitucional. Nada se arregla por la vía de los hechos. Más bien, es irresponsable hacer caso ciegamente a la población y no decirle que no se puede hacer eso; obviamente, eso le haría perder los aplausos que él está privilegiando en este momento. Por eso es que existen tomas de carreteras y tantas situaciones de rebeldía y de no cumplimiento de la ley, porque no hay autoridades que actúen en el cauce de la ley y la Constitución.

Si tuviésemos que hacer oídos a todo lo que dice la población en la calle, tendríamos que incendiar el Congreso, y eso no es correcto.

Muchos dicen que el presidente ha sido magnánimo al renunciar al poder y proponer que también él se vaya con el adelanto de las elecciones. No creo que sea una actitud generosa, más bien, es egoísta. Porque él debió decir: “Bueno, el pueblo quiere que disuelva el Congreso, pero no lo voy a hacer porque es una institución que se debe respetar”. Esa es una forma de hacer docencia en la política.

Muchos dicen que el presidente ha sido magnánimo al renunciar al poder y proponer que también él se vaya con el adelanto de las elecciones. No creo que sea una actitud generosa, más bien, es egoísta.

Pero ¿en el Congreso tampoco se asume ese llamado de atención de la población?

Claro, y debe hacer lo mismo. Hablo de las autoridades en general. Si bien [los congresistas] tienen un mandato otorgado por el mismo pueblo, también tienen que actuar siempre dentro del cauce de la ley. Además, es oportuno decirle a la población que los responsables de esta situación en el Parlamento y el Ejecutivo son ellos mismos por no haber sabido elegir.

Fujimorismo en la presidencia

Otro escenario que podría darse si el Congreso rechaza la propuesta de adelanto de elecciones, y si Vizcarra decide renunciar y convence a Mercedes Araoz para que haga lo mismo, es que el presidente del Congreso Pedro Olaechea, sea quien convoque a las elecciones generales.

De manera inmediata y esa sería una salida constitucional. Allí sí podríamos acortar los plazos y se aplicarían plazos normales para que en ocho meses vayamos a elecciones generales de manera directa.

El tema es que con Olaechea como presidente provisional quien gobernaría realmente sería la bancada fujimorista, que lo respaldó para que llegue a la presidencia del Congreso.

Bueno, ese es un riesgo, ¿no? A no ser que el señor Olaechea tome una actitud patriótica y diga: ya que asumí una nueva responsabilidad no tengo que hacer nada con Fuerza Popular. Como presidente de la República puede asumir ese rol. Eso sería lo correcto. Pero eso nadie lo puede asegurar. Sin embargo no es lo que recomiendo.

Sigo pensando que todavía queda la oportunidad para que reconociendo errores tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo, se emprenda una nueva etapa. Ahorremos todo este debate de una reforma constitucional y toda una campaña para un referéndum, y luego otra campaña para un proceso adelantado que podría ser improvisado y que nos podría dar un resultado contrario a lo que queremos.

Contraproducente

¿El adelanto de las elecciones garantizaría la renovación política que reclama el país?

No, incluso podría ser contraproducente porque estos apresuramientos podrían dar resultados totalmente contrarios a lo que el Perú necesita.

¿Se puede abrir la puerta para que propuestas más radicales y extremas canalicen el reclamo popular?

Así es, y no sería nada raro que en el momento que se debate esta reforma constitucional, por ahí sugieran el cambio de modelo económico. Ese es el gran riesgo.

El asunto es que no existen políticos y gobernantes con las habilidades y las responsabilidades que les permitan buscar soluciones, y que no rehúyan al debate o a la confrontación política.

Keiko puede postular

¿En un eventual proceso de elecciones presidenciales en el 2020, Keiko Fujimori podría postular?

En este momento, si no tiene sentencia condenatoria y en función al principio y derecho constitucional de la presunción de inocencia, sí.

¿Es decir ninguna de las personas envueltas en casos de corrupción y que no tienen sentencia condenatoria podrían postular, como el mismo Ollanta Humala?

Él tiene una acusación, que recién dará paso al juicio, pero los demás están en investigación preliminar o preparatoria. Están investigados y no están encausados penalmente. Esos juicios tomarán dos a tres años, para llegar a todas las instancias.

Algunos empresarios han cuestionado la iniciativa de Vizcarra porque esta afectaría la economía nacional, pero Carlos Oliva, ministro de esta cartera, ha dicho que es la mejor salida para evitar dos años de enfrentamiento político, que serían más perjudiciales para la economía del país.

Es evidente que este proceso tendrá consecuencias económicas gravísimas en el país. Pero mucho más grave será que el Perú presente ante el mundo la imagen de un país que modifica las reglas de juego, tan importantes en la toma de decisiones económicas, de la manera más fácil.

Eso es mucho más grave que las confrontaciones políticas que son naturales en la democracia. El asunto es que no existen políticos y gobernantes con las habilidades y las responsabilidades que les permitan buscar soluciones, y que no rehúyan al debate o a la confrontación política.