Rolando Vilca Begazo
La falta de consenso al interior del Comando regional contra el COVID-19 para implementar algunas estrategias que permitan contener la propagación del coronavirus en Arequipa cada vez es más evidente.
Esta mañana se reunieron por cerca de tres horas para evaluar la “restricción al mínimo del transporte urbano en la ciudad”, solicitada por el jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa Gral. PNP Víctor Zanabria ante el desorden con el que opera la mayoría de unidades de este servicio público. Sin embargo, al final las cosas quedaron igual.
El alcalde provincial, Omar Candia, que autorizó el reinicio del transporte urbano —en el 20% de unidades acreditadas al Sistema Integrado de Transportes— y el retorno del 50% de taxis formales, desde el lunes 25 de mayo, mantuvo su decisión. Muy a pesar de la invocación de varias autoridades para evitar que esto contribuya a generar un mayor contagio del coronavirus en la población.
Incluso, en declaraciones a una emisora local dijo que permitir que no continúe el transporte público “sería perverso y dañino para la salud de las personas”, porque si no se contaba con unidades de servicio urbano, recurrirían al uso de colectivos informales, donde no se cumple ningún protocolo sanitario “y eso, sería contraproducente”.
IMPORTANTE
Sobre la suba del pasaje urbano que empezó a aplicarse en algunos distritos, el alcalde Omar Candia, si bien aceptó que en las actuales condiciones se incrementó el costo operativo del transporte público, recordó que solicitó un subsidio al Gobierno nacional. Y advirtió que aquellas empresas que incrementen el pasaje, “no recibirán esta “compensación económica”.
Una obligación municipal
La autoridad edil sostuvo que “unas 160 mil personas comenzaron a salir hacia sus centros de labores desde el 25 de mayo —en que se reiniciaron varias actividades— y a ellas se les debe brindar un servicio de transporte público”.
Además, pese a reconocer que vio fotografías y videos donde se evidenciaba que varias unidades no cumplían los protocolos sanitarios detallados y aprobados a través de una ordenanza municipal, solo atinó a señalar que “aquellas que no cumplen, no seguirán operando”.
Es más, a pesar que días atrás consideró que solo el cobrador debía someterse a pruebas rápidas para descartar un eventual contagio del COVID-19, ahora señaló que el conductor, cobrador y hasta el pasajero, deberían pasar estos test, al igual como ocurría en Lima.
“Que el Comando [regional] y la Gerencia Regional de Salud vayan a los patios de maniobras donde se encuentran todas la unidades vehiculares y apliquen las pruebas rápidas al operador, conductor, cobrador e incluso al pasajero. Eso ayudará a identificar quiénes tienen COVID-19 y a tomar medidas para cumplir el protocolo de aislamiento, rastreo o cuarentena y así evitar contagios”, declaró.
Al final, Candia dejó entrever que el Comando regional no tenía un argumento claro para restringir el transporte público como lo hizo semanas atrás. “Ahora el comando tendrá que aplicar pruebas en las unidades [de transportes], para que cualquier decisión tenga sustento, sobre todo médico”, afirmó.
Comando sin respuesta
Por el lado del Comando regional contra el COVID-19, por segundo día consecutivo, no hubo conferencia de prensa ni comunicado alguno, a pesar del evidente malestar que existiría al interior por la decisión de Omar Candia. El jefe de este grupo de trabajo, Gral. EP Edward Gratelly Silva, evitó pronunciarse.
EL DATO
El redes sociales varios usuarios colgaron imágenes de cómo en distritos, donde no hay fiscalización alguna del municipio provincial, no se cumple con el distanciamiento al interior de las unidades y en varios casos hay aglomeración de pasajeros.