Juan Fernando Mendoza Banda
Abogado, especialista en gobiernos locales y municipales
Llamemos a los hechos lo que son. En el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, en los inicios del terrorismo, se le llamó abigeato, y ya conocemos los resultados, todo por idealizar las acciones de grupos violentistas.
Hoy, tras el golpe de Estado llevado a cabo por Pedro Castillo, secundado por sus partidarios políticos y ministros, vienen sucediendo hechos que, nuevamente, son idealizados por un sector de la prensa y simpatizantes del golpista.
Según la RAE, una de las acepciones de terrorismo es, “actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”.
Ahora, el vandalismo es el espíritu de destrucción como parte del actuar criminal de los terroristas; y es de público conocimiento que existe toda una organización detrás de los actos violentistas que ocurren en diferentes partes del país, con fines, entre otros, de liberar al golpista, desconociendo con ello, la sucesión presidencial. Entonces, ¿qué diferencia hay entre poner un coche bomba y destrozar una instalación pública o privada?, ninguna.
La ley que tipifica el terrorismo, lo describe como aquel “que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad o de cualquier Estado”, y dispone una sanción mínima de 20 años de cárcel.
Por otro lado, la declaratoria del Estado de Emergencia, como tal no resulta necesaria, pues ante la comisión de delitos como daños a la propiedad pública y privada, cierre de vías y carreteras, etc., que ocurren en flagrancia, la policía puede actuar de forma inmediata y los mismos ciudadanos podemos intervenir en nuestra propia defensa y de terceros.
Lo sorprendente es oír a algunos periodistas pidiendo un “puente humanitario” para que personas vulnerables atrapadas por los bloqueos de carreteras puedan pasar. Acaso ¿estamos en guerra? Para detener a los vándalos solo bastaría el uso de la fuerza pública. Con los terroristas no se negocia ni conversa, se actúa, y si hay heridos o pérdidas fatales, es lamentable, pero estos no son provocados por las fuerzas del orden.
Si Pedro Castillo dio un golpe de Estado, es porque fue un presidente elegido en las urnas y contaba con el respaldo de una mayoría ingenua o interesada. Se creía que era el mal menor, pero se equivocaron, fue y es el mal mayor. A Keiko Fujimori, la sacaban con una manifestación de ‘pulpines’.
Por todo esto, se debe devolver la autoridad a la Policía Nacional, esa autoridad significa el uso de la fuerza y armas letales contra actos vandálicos y terroristas. La protesta pacífica es un derecho, pero sin actos vandálicos o terroristas. La policía no actúa porque está atada de manos, no tienen el respaldo necesario, recordemos los hechos ocurridos durante el breve gobierno de Manuel Merino; así ¿quién va a actuar?
Estamos convencidos de que se requiere un adelanto de elecciones generales, pero con las modificaciones constitucionales y de la legislación electoral necesaria; hacerlo de manera apresurada solo abona con el objetivo de los vándalos y terroristas, para acrecentar las contradicciones.
Basta de sublimar actos terroristas, los que realizan actos terroristas son terroristas y con los terroristas no se dialoga.