Renato Sumaria del Campo
Director del Quincenario Encuentro
Parece repetitivo y ocioso hablar, justo ahora, de prevención. Inútil si se observa la desgracia en la que miles de peruanos han caído tras los huaicos, y que obliga a ser solidarios sin detenernos en sermones moralistas, propios de quien es general después de la batalla. Sin embargo, nunca está de más recordar que las tragedias podrían tener consecuencias menores si es que trabajamos para prevenir todo aquello que nos juega en contra en este tipo de circunstancias.
En tal sentido, que el Gobierno no haya declarado el estado de emergencia nacional resulta una decisión acertada, sabiendo que ello facilita la realización de obras sin licitación, con la consecuente tentación que esto significa para algunas autoridades.
Aun así, la decisión es reactiva y no obedece a una cultura de trabajo en la administración pública, donde se cuecen bastantes habas tras las decisiones de los gobiernos regionales hoy afectados por desastres naturales y que —nadie sabe por qué— no invirtieron el presupuesto destinado a obras de prevención.
Tal es el caso de Piura y Lambayeque, que no solamente son los dos departamentos más atacados por la ‘furia de la naturaleza’, sino también las más grandes víctimas de la desidia de sus propias autoridades.
En Lambayeque, por ejemplo, el Gobierno Regional solo invirtió 669 mil soles, de los 10.9 millones con los que cuenta para realizar labores de prevención y atención de emergencias. Aquí, la cifra de damnificados alcanza los 41 mil, hay 4 400 viviendas colapsadas y cerca de 4 500 declaradas inhabitables.
Piura no es la excepción. De 23 millones de soles destinados a prevención y atención de emergencias, el Gobierno Regional solo ha invertido 670 mil, menos del 3 %. La grave omisión tal vez explique buena parte de los más de 90 mil afectados en esta región, las más de 4 mil viviendas que quedaron entre colapsadas e inhabitables, y las 46 mil casas afectadas por las lluvias y las inundaciones.
Ambos ejemplos son una dolorosa muestra de cuán negligentes somos a la hora de hacer las cosas bien. Esta situación se repite en Ica, también con menos del 3 % de presupuesto ejecutado para prevención; y Arequipa, con tan solo el 14 % de ejecución en el mismo rubro.
Este coctel de inconsciencia se complementa con la siempre recurrente irresponsabilidad de alcaldes que, sea por populismo o corrupción, permiten la construcción de viviendas en cauces de ríos y torrenteras, dejando todo listo para que se produzcan luego las terribles imágenes que vemos hoy en día.
Hay que decir también que prevenir no solo es trabajo de las autoridades. La ausencia del compromiso ciudadano por cuidar su entorno es hoy más que evidente. La invasión y tráfico de tierras con el fin de obtener una vivienda, el desperdicio del agua, la falta de conciencia sobre el buen uso de los desagües, el cierre de los cauces naturales, la habilitación irresponsable de sistemas de conexión de agua, entre otras imprudencias, nos explotan hoy en la cara y nos muestran las implacables consecuencias de la informalidad.
Por otro lado, han sido días de enorme solidaridad y empatía con los damnificados. La ayuda está llegando desde todo el país a quienes la necesitan. Personas que sienten el dolor del otro forman cadenas de acopio, iniciativas de recolección de ropa y víveres, colectas espontáneas, son como una brisa de unión que refresca la polarización en la que solemos vivir los peruanos.
Confiemos en que todo el bien que muchos están haciendo sirva para darnos cuenta de que la solidaridad es una forma de prevenir desgracias morales, como la corrupción y la falta de comprensión entre compatriotas. Dios permita que después de esto, podamos ser mejores peruanos.