Guillermo Escobar Cornejo
Docente de Psicología de la Universidad Católica San Pablo
En Perú, cerca del 90% de pacientes con ansiedad y depresión, no recibe tratamiento eficaz por las limitaciones en el diagnóstico y al poco personal especializado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión en el año 2020, sería la segunda causa de discapacidad, después de las enfermedades cardiovasculares.
Sin embargo, este pronóstico empeoraría con el nuevo coronavirus, debido a la incertidumbre, inseguridad alimentaria, propagación rápida de la enfermedad, temor al contagio, muertes masivas y de familiares, crisis económica y despidos masivos, creando vulnerabilidad, pérdida de derechos y libertad en las personas.
El Congreso de la República, promulgó la nueva ley de salud mental del Ministerio de Salud para el año 2021 —en medio del contexto de la pandemia por coronavirus—, esta consiste en el acompañamiento virtual y telefónico a personas con ansiedad, depresión, estrés y trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, así como actividades preventivo-promocionales de salud mental.
Estas medidas son insuficientes debido a que la poca inversión del Estado en salud, está destinada solo a comprar camas UCI y oxígeno. Por otro lado, este plan de salud mental, no advierte las secuelas neurológicas tras haber padecido COVID-19, las cuales repercuten en la salud mental de la población, atribuyendo únicamente la causa de estas alteraciones a las medidas de aislamiento social y a la pérdida de familiares.
De esta forma, la planificación de inversión económica para la atención de salud mental, es insuficiente, ya que se ignora toda la información emergente que relaciona la infección por COVID-19 con alteraciones neurológicas que repercuten en la salud mental.
Algunos estudios mencionan que el coronavirus infecta directamente el sistema nervioso, provocando inflamación, muerte de neuronas y alteraciones neurológicas que afectan la salud mental; también que los pacientes recuperados, mostraron fatiga, apatía, déficit en sus funciones ejecutivas y un rendimiento global bajo en su funcionamiento cognitivo. Además, los pacientes recuperados presentan niveles altos de ansiedad y depresión tras superar la enfermedad.
La consecuencia de esto, es la mayor demanda de tratamiento psicológico y psiquiátrico por parte de la población, que significará una mayor inversión por parte del Estado en medicinas y contratación de más personal especializado. No obstante, el Estado no podrá cubrir esta demanda que traerá consigo el empobrecimiento de calidad de los servicios y agravará la salud de la población en general.
Ante este escenario, proponemos tomar en cuenta la información reportada por distintos grupos de investigación en todo el mundo, que evidencian el padecimiento de alteraciones neurológicas que repercuten negativamente en la salud de las personas recuperadas del COVID-19.
Con ello, se podrá elaborar un plan económico y sanitario que responda al posible escenario que tengamos que enfrentar luego de haber superado esta pandemia y garantizar una mejor calidad en los servicios de salud. Todo esto impactará positivamente en el bienestar y desarrollo de la población y del país.