Germán Chávez Contreras
Economista – Rector UCSP
El flamante presidente Martín Vizcarra Cornejo envió un mensaje a la nación en el que planteó, en cuanto a lo económico, lograr un país con un crecimiento basado en el orden —entiendo institucional— y que además sea equitativo y sostenible. Manifiesta que se procederá a conservar las medidas que fueron positivas para la economía, modificar aquellas que no aportaron lo que se esperaba y emprender lo que aún no se ha hecho.
En esta línea, le toca replantear la estrategia para revertir una desaceleración que nos llevó a un crecimiento del 2.5 % en el año 2017, cuando se esperaba al menos 4 %. Para lograrlo se hacen fundamentales la reactivación de la inversión pública y privada y el destrabe de megaproyectos mineros y de infraestructura.
En relación al déficit fiscal, este debió manejarse bajo un techo del 3 % del producto bruto interno y no se logró. El año 2017, cerramos con 3.2 % de déficit por menores ingresos tributarios y mayor gasto corriente. Lo complicado de este objetivo es que, al exigir políticas restrictivas, contraviene la necesidad de combatir la desaceleración que exige de políticas expansivas. Esto será una dificultad para el presidente Vizcarra.
Mejorar la competitividad debe llevar a políticas que potencien la institucionalidad, pues del año 2016 al 2017 hemos perdido cinco posiciones como país, y uno de los factores determinantes ha sido la pérdida progresiva de institucionalidad, considerada como otro de los ejes de su discurso.
Aunque no habló específicamente de reducir la informalidad, este propósito va con la recuperación de la estabilidad institucional. Solo así podremos revertir el 72 % de empleo informal que tenemos, y que podría crecer por el incremento de la remuneración mínima vital que, al afectar al sobrecosto laboral, puede ahuyentar de la formalidad a los negocios pequeños.
Finalmente, es preciso mejorar la tasa de empleo generando al menos los más de 300 000 puestos nuevos que se requieren cada año. PPK prometió 600 000 puestos nuevos cada año, hasta llegar a tres millones en el 2021. Lo que ha ocurrido es que en el año 2017 se destruyeron cerca de 130 000 puestos de trabajo, incentivando la informalidad.