Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
El miércoles pasado, se presentaron ante la Comisión de Justicia del Congreso, los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), para realizar su defensa ante la moción de remoción por falta grave presentada por un grupo de parlamentarios, cuya vocería ha ejercido Patricia Chirinos.
Una de las cosas que quedó en claro es que, para que esta moción prospere y no se hunda frente a instancias en que se podría apelar —como el Tribunal Constitucional— es necesario que haya una ley que tipifique la causa grave, a diferencia de lo que ocurrió con el extinto Consejo Nacional de la Magistratura, donde existieron investigaciones con un acerbo contundente en manos del Ministerio Público, este, hoy, no es el caso.
La única forma en que se podría romper la defensa de los integrantes de la JNJ, es que no hayan incurrido en el tráfico de influencias sobre miembros del Poder Judicial y el Ministerio público con fines políticos. Como fue el caso de su pronunciamiento a favor de Zoraida Ávalos —quien lideró la comisión que nombró a los integrantes de la JNJ en su momento—, esta posibilidad se conocerá en las próximas dos semanas, con la citación a algunos jueces supremos y a la fiscal de la Nación, si allí se niega que hubo delito, no hay forma de que la moción pueda sustentarse.
Pero al mismo tiempo, si el Congreso quiere hacer control político, debe hacer lo propio en su cancha. La “Ley Soto” y, ahora, el proyecto de Ley 3577 de Fuerza Popular, con el que se golpea la extinción de dominio, no ayudan a justificar su actuación en la lucha anticorrupción, por el contrario, dejan en entredicho su responsabilidad moral para poder hacerlo.