Obras por administración directa o indirecta, ¿cuál es la mejor opción?

Días atrás, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció que el 59 % del presupuesto de inversiones de este año será ejecutado por administración directa.

Según el gobernador Rohel Sánchez, la ejecución de obras busca tener un equilibrio en el desarrollo de todas las provincias y distritos de la región.

Juan Pablo Olivares

En medio de denuncias por presuntas irregularidades y actos de corrupción, días atrás el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció que su gestión priorizará la ejecución de obras por administración directa, como una forma de dinamizar la economía local y generar empleo. Pero, ¿este mecanismo es el más eficiente y transparente en las actuales circunstancias?

En opinión del especialista en Gerencia de la Construcción, Juan Carlos Almonte Burgos, realizar obras por administración directa —en el sector público— implica muchos riesgos, principalmente por tener un sistema logístico ineficiente y la falta de capacidad técnica.

Si bien bajo esta modalidad se ahorrarían montos importantes por la utilidad que se dejaría de pagar a cualquier empresa constructora, el también docente del Departamento de Arquitectura e Ingenierías de la Construcción de la Universidad Católica San Pablo, aclaró que primero se tendría que evaluar y garantizar la capacidad de gestión y ejecución del proyecto.

Después de todo, el objetivo final es el cumplimiento de plazos, respeto de los costos previstos y asegurar la calidad de la obra.

Otro aspecto que preocupa es la capacidad de control y supervisión, debido a que en las obras ejecutadas por administración directa, es la misma entidad la que ejecuta y controla y eso, se presta a posibles irregularidades.

“Una obra se inicia con un buen perfil de proyecto y una adecuada inversión, con profesionales capacitados, para luego dar paso al expediente técnico. Pero, lamentablemente, estos procesos se hacen con muchas deficiencias y en la ejecución de la obra es donde se detectan los problemas”, señaló Juan Carlos Almonte.

Lluvia de millones y obras

En el presente año, la gestión de Rohel Sánchez, tiene previsto ejecutar un paquete de obras por S/ 804 millones. De estos recursos, el 59 % se gastará por administración directa, un 22 % a través de obras por contrata (a cargo de una empresa privada) y 19 % por transferencias a municipios, donde también se dio la indicación expresa de privilegiar la administración directa.

En total, se ejecutarán 157 proyectos de inversión en educación, salud, transportes, agricultura, vivienda y en el mantenimiento y reparación de ambulancias, patrulleros y vehículos de bomberos. De ellos 95 serán por administración directa, con una inversión de S/ 1243 millones y una ejecución de 471 millones en este 2023.

“Cuando un proyecto tiene deficiencias en el perfil o expediente técnico, hay incompatibilidad con la ejecución de la obra y es ahí donde se paraliza. Por eso, la capacidad es fundamental desde el punto de vista técnico y logístico”.

Juan Carlos Almonte Burgos, especialista en Gerencia de la Construcción y docente de la Universidad Católica San Pablo.

Por contrata

En relación a las obras que el Gobierno Regional de Arequipa asumirá por contrata o administración indirecta, serán unas 39, valorizadas en S/ 1076 millones y este año serán S/ 180 millones ejecutados.

En este caso, Juan Carlos Almonte explicó que la empresa contratada a través de un proceso de licitación, “deberá demostrar capacidad de ejecución, experiencia y contar con el respaldo económico para realizar la obra”. Y por este mismo procedimiento se puede contratar al supervisor especializado.

De igual forma, advirtió que en ambas modalidades (administración directa y contrata) se requiere contar con profesionales y equipos técnicos capacitados en la labor que desarrollarán y esto, permitirá garantizar la eficiencia en la ejecución de la inversión pública.

EL DATO

Según la Contraloría General de la República, el 15 % de la inversión pública, es decir, 15 de cada 100 soles gastados, se pierden, ya sea por corrupción o ineficiencia del gasto.

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