Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
El cierre del Congreso en 2019, impulsado por Martín Vizcarra y acompañado de una reforma política, lejos de mejorar la calidad del Parlamento la deterioró aún más. Cada nueva legislatura parece superar a la anterior en falta de idoneidad. Muchos de los congresistas actuales, aunque no todos, carecen de una preparación adecuada y algunos incluso están vinculados a actividades ilícitas financiadas por economías ilegales.
La Comisión de Ética, que debería garantizar la integridad legislativa, se ha convertido en un ente decorativo y funciona como un espacio de intercambio de favores entre sus miembros. Esto explica por qué no prosperan denuncias graves, como las relacionadas con los “mocha sueldos”, tráfico de influencias y hasta acusaciones sobre redes de prostitución dentro del Parlamento.
A esta inacción se suma la falta de eficacia del Ministerio Público. Aunque Vizcarra logró que los congresistas renunciaran al fuero que bloqueaba investigaciones durante su mandato, ello no ha generado avances significativos. Los propios problemas internos de la Fiscalía han mermado su capacidad de actuación.
Por otro lado, bajo el gobierno de Dina Boluarte, la debilidad del Estado se ha evidenciado en la incapacidad de la policía para capturar a investigados con órdenes de detención preliminar o incluso a sentenciados en firme. Este vacío de autoridad envía un mensaje preocupante: quienes ostentan poder pueden delinquir sin temor a represalias.
Si esta tendencia persiste, la fragilidad institucional y la permisividad hacia la corrupción podrían convertirse en el legado más sombrío de 2024. Es un llamado urgente para repensar el rumbo político y fortalecer el Estado de Derecho.
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