Germán Chávez Contreras
Docente principal del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo
Esta semana, el Centro de Convenciones de Cerro Juli, en Arequipa, acogerá una vez más a los máximos representantes del sector minero, a propósito de la Convención Minera (Perumin 37), evento de clase mundial y el más importante en América Latina, en el que se abordarán los temas más importantes y urgentes de este rubro a nivel regional, nacional y mundial.
El sector minero no es el de mayor peso en la estructura del producto bruto interno (PBI) –con una proyección de 9.5 % para 2024, según la consultora EY-Perú–; sin embargo, es el más importante en la balanza comercial del país y explica, históricamente, entre el 60 % y 65 % de las exportaciones. Además, se ha convertido en el motor que impulsa nuestro comercio exterior y el crecimiento de la economía nacional.
Lo expresado anteriormente se hace más evidente este año, debido al comportamiento de los precios del oro y del cobre, que han disparado el valor de las exportaciones llegando a los US$ 26 mil millones solo durante el primer semestre de 2025 (SNMPE). Otros metales, como el zinc, la plata, el molibdeno y el estaño, también aportan al buen desempeño del sector minero. Esto es –brevemente– lo bueno del sector minero en el Perú.
Viendo ahora lo malo del sector, tenemos que a la fecha son 67 los proyectos mineros en cartera que están “demorados”, ya sea por la excesiva tramitología o por la existencia de oscuros intereses que retrasan y hasta impiden su ejecución. En algunos casos, el tiempo comprendido entre la promesa y la ejecución del proyecto minero ha tomado más de cien años, como ocurrió con Las Bambas, en la región Apurímac. El Instituto Peruano de Economía (IPE) estima en 40 años el tiempo promedio que transcurre entre la exploración y el inicio de la producción de un proyecto minero; en el caso específico del cobre, este plazo se extiende hasta los 62 años.
De acuerdo a información del Ministerio de Energía y Minas –recopilada por Rumbo Minero–, esta cartera de inversiones mineras acumula un valor total de US$ 64 071 millones. Según la misma fuente, el 68 % de los proyectos no tiene fecha definida para el inicio de construcción, mientras que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) reporta que existen 23 proyectos mineros, por un valor de US$ 30 mil millones, sin ejecutar por razones que no son responsabilidad de la empresa a cargo.
En la región de Arequipa, cuatro proyectos aún no entran en fase de ejecución: Tía María (cobre, en Islay), con una inversión estimada de US$ 1800 millones, tiene un atraso de 11 años desde que el Minem aprobara su segundo estudio de impacto ambiental (EIA); mientras que Zafranal (cobre, entre Castilla y Caylloma), con US$ 1263 millones de inversión, tiene cinco años de retraso. Además, están Pampa de Pongo (hierro, en Caravelí), con US$ 2344 millones de inversión inicial; y Don Javier (cobre, en Yarabamba), con US$ 600 millones. Cabe resaltar que el 33 % del PBI de Arequipa proviene de la actividad extractiva, lo que nos ratifica como región minera a nivel nacional.
Para referirme a lo feo, lamentablemente debo mencionar la violencia que está detrás de la explotación ilegal en este sector. Lo ocurrido en Pataz (La Libertad), la toma de carreteras y la extensión sin fecha cierta del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) son una clara manifestación de la pérdida de institucionalidad y la falta de autoridad de quienes gobiernan y tienen la decisión política de mejorar las condiciones de vida en el país. El último dato que se tiene habla de más de US$ 12 mil millones en exportación informal e ilegal de oro (IPE), cifra que igualaría a las exportaciones formales de este metal.
Para concluir, solo queda decir que es urgente la reducción de la tramitología en este sector para dar viabilidad a muchos proyectos que están en lista de espera. Y es aún más urgente restablecer la institucionalidad y asegurar una presencia firme y con autoridad del Estado para recuperar la paz y la tranquilidad en las zonas donde se ubican los principales proyectos mineros en operación, así como en aquellas donde se ejecutarán explotaciones futuras.
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