José Romero Díaz
Profesor del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo
En noviembre de 2019 se lanzó el Proyecto Centro de Integración Perú – Venezuela, fruto de un convenio entre la Universidad Católica San Pablo y la Hanns Seidel Stiftung, cuyo objetivo sigue siendo la integración de la población migrante y refugiada venezolana en Arequipa.
Este proyecto ha permitido a docentes, exalumnos y estudiantes involucrarse en el desarrollo del derecho migratorio, un área poco explorada en el país. Todo esto se logró gracias a la aplicación de la innovadora metodología de clínica jurídica.
La clínica jurídica es un enfoque pedagógico que permite a los estudiantes de derecho aprender a través de la práctica en situaciones legales reales, reflexionando sobre su experiencia para crecer profesionalmente. Esta metodología, que se popularizó en Estados Unidos en los años 60, ha trascendido sus fronteras y ha comenzado a hacerse un espacio en universidades peruanas, aunque aún no está ampliamente difundida.
Las clínicas jurídicas ofrecen múltiples beneficios: los estudiantes pueden desarrollar habilidades prácticas y establecer un vínculo directo entre el derecho y la realidad social. Asimismo, la sociedad se beneficia, pues se facilita el acceso a la justicia para personas vulnerables, como migrantes que enfrentan desafíos por su desconocimiento del sistema legal peruano.
La experiencia de la Clínica Jurídica como metodología para impulsar el Proyecto del Centro de Integración Perú-Venezuela, ha permitido a los participantes abordar temas de interés público como la migración. También ha contribuido al acceso de derechos de las personas, sin importar su nacionalidad, impactando en beneficiarios que son parte del proceso de migración de la población venezolana, la cual ya se considera como la migración de mayor flujo de la historia de Latinoamérica.
Históricamente, Perú no ha recibido grandes flujos migratorios, a diferencia de países como Argentina, Brasil o Chile. La llegada masiva de venezolanos ha exigido que el país gestione adecuadamente esta nueva realidad, lo que ha llevado a la adopción de políticas y mecanismos para proteger los derechos de todos los residentes.
Este desafío requiere una urgente especialización en gestión migratoria y derechos humanos por parte de los operadores jurídicos, porque una migración puede ser suscitada no sólo por escenarios políticos o económicos. Estos desplazamientos geográficos también pueden ser producidos por factores emergentes como el cambio climático, que puede forzar a las personas a abandonar sus hogares debido a desastres naturales.
Si no contamos con profesionales capacitados para el diseño e implementación de adecuadas políticas migratorias, podríamos acarrear consecuencias graves para las siguientes generaciones de nuestra sociedad. Por ello, desde el ámbito de los profesionales del derecho, enfrentamos un reto significativo de cara al futuro.
La Universidad Católica San Pablo en Arequipa asume un papel crucial en este contexto, comprometida con el desarrollo de profesionales en derecho migratorio. El proyecto ha empezado a dar resultados significativos, evidentes en investigaciones académicas y en la inserción de exalumnos a instituciones que promueven una migración ordenada y respetuosa de los derechos humanos.
Este enfoque humanitario y profesional es esencial para abordar las complejidades del fenómeno migratorio en un mundo cada vez más interconectado, porque –como nos recuerda el papa Francisco– la migración es un proceso de integración, un proceso de mutuo reconocimiento de la riqueza del otro.
Muchas veces la migración genera intolerancia, pero debemos ajustar nuestro enfoque valorando que todos tienen algo que aportar a la sociedad.
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