Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
La masacre de Pataz no solo estremeció al país por su violencia, sino que provocó el cambio político más significativo en el gobierno de Dina Boluarte en el último año. El premier Gustavo Adrianzén, con pobres resultados y sin respaldo firme en el Congreso, era una figura insostenible. Para evitar una censura inminente, la presidenta optó por adelantarse: aceptó su renuncia y la de todo el gabinete.
En su lugar, asumió el cargo Eduardo Arana, hasta hace poco ministro de Justicia. Es un personaje cercano a Boluarte, aunque su carrera no está libre de sombras: sus vínculos con figuras como César Acuña y César Hinostroza generan dudas. Su reto no es menor: deberá sostener un gobierno debilitado que entra a su etapa más frágil, con una presidenta sin posibilidad de disolver el Congreso y con escaso respaldo ciudadano.
El nuevo gabinete carga con la presión de mostrar resultados. La inseguridad se desborda, el déficit fiscal aprieta y el país necesita definir su rumbo ante la tensión comercial entre China y EE.UU., sus principales socios. En ese contexto, la captura en Colombia del presunto autor de la masacre de Pataz, Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, se convierte en una señal de eficacia para una gestión que busca recomponerse.
La próxima inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y una eventual visita papal que incluiría a una presidenta peruana en Roma, muestran que aún es posible construir una narrativa positiva. Pero con apenas un 2 % de aprobación, Boluarte y su nuevo premier enfrentan una cuenta regresiva con pocas fichas por mover y demasiados frentes abiertos. ¿Podrán sobrevivir, políticamente, a este último tramo? En el sur del Perú, la respuesta se mide en hechos, no en gestos.
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