Colombia, paz con justicia y verdad

Ricardo Narváez Tosi
Historiador

En junio del 2010, Juan Manuel Santos fue elegido como presidente de Colombia con el 69% de los votos, con la anuencia y apoyo de su antecesor, Álvaro Uribe. Ganó la presidencia gracias a su fama como ministro de Defensa de este país, pues fue firme y exitoso en acompañar a su presidente en el combate y lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en los golpes más duros que recibió esta guerrilla en toda su historia.

En su campaña electoral ofreció la prosecución de hacer retroceder a este grupo terrorista; sin embargo, poco después de ser elegido, cambió drásticamente de rumbo y se jugó por un proceso de paz y negociación con la guerrilla. Cuatro años después, en junio del 2014, salió reelegido argumentando que la negociación estaba a medias y que él era el único que la podía llevar a su término y que los otros candidatos provenientes del ‘uribismo’, iban a llevar al país a una guerra mucho peor que las anteriores.

Colombia quiere la paz, eso es indudable. Miles y miles de muertos; la destrucción de una enorme infraestructura económica; el recrudecimiento de la violencia y del narcotráfico, unidos a una sensación de impotencia ante este conflicto —cuyas consecuencias parece que no tienen cuando acabar— llevaron a pensar que una salida negociada podría poner fin a años de conflicto.

Sin embargo, acaba de realizarse un plebiscito por el cual no se han aceptado los términos del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC en Cartagena. Las lecturas sobre este resultado son muchas. El contexto es que el Gobierno enfrentó esta consulta contando con una muy baja aprobación ciudadana. Hubo gran soberbia de parte del presidente y varios de sus colaboradores, pues menospreciaron a la opinión pública e hicieron una larga serie de concesiones políticas y jurídicas a las FARC, rechazadas por la gran mayoría.

La impunidad ante tantos crímenes de la guerrilla es inaceptable para los colombianos. También estaba la manipulación tendenciosa de la pregunta del mismo plebiscito; las tibias exigencias para que las FARC entreguen armas, dinero e inmensos dominios campesinos apropiados con violencia; la creación de un sistema jurídico paralelo para implementar los acuerdos, que no tome en cuenta muchas leyes vigentes en la actual Colombia; el igualar la guerrilla —terrorista y delincuente por antonomasia— a las Fuerzas Armadas de Colombia, como si fueran dos actores del mismo peso en un conflicto interno; las entrevistas que han dado los jefes de las FARC donde no manifiestan arrepentimiento real de sus actos ni deseo de reparar a sus víctimas; la garantía de un salario mínimo a todos los guerrilleros; etc.

Los colombianos desean la paz. La mayoría de quienes votaron a favor del sí, lo hicieron creyendo que el fin justificaba aceptar el Acuerdo con aquellos con los que, definitivamente, no estaban de acuerdo. Ante el horror de una violencia de consecuencias muchísimo peores que las que trajo, por ejemplo, Sendero Luminoso; ante la impotencia de un gobierno que tomó la decisión de debilitarse frente a la guerrilla; ante el hartazgo de la soberbia, de la justificación del narcotráfico, del secuestro y del asesinato, muchos votaron por el sí; pero al final gano un no que muestra que los colombianos quieren la paz, pero no al precio que se les ha ofrecido.

¿Qué va a suceder? Ya se levantan las primeras voces desde el Gobierno y las FARC para sacarle la vuelta a los resultados del plebiscito diciendo que no son resultados vinculantes jurídicamente y que pueden seguir adelante con sus negociaciones. Sigue la soberbia, incluso de aquellos que ya promueven la entrega del Premio Nobel de la Paz a los que han firmado los acuerdos.

El expresidente Álvaro Uribe y los que se opusieron al acuerdo de paz han manifestado que hay que seguir adelante con las negociaciones con las FARC, pero sin aceptar las concesiones que estas han exigido. Se quiere una paz con justicia y verdad. Esperemos que el presidente Juan Manuel Santos escuche más a la opinión pública que a las guerrillas.