Rolando Vilca Begazo
El sector minero se encuentra al desamparo del Gobierno, debido a la falta de seguridad jurídica hacia el inversionista, el incumplimiento continuo en los temas de diálogo, la mínima capacidad de gestión de los conflictos sociales y hasta cierta animadversión con determinados proyectos.
Este es el análisis del abogado especialista en temas mineros, César Montes de Oca, al advertir la falta de claridad en la postura del gobierno presidido por Pedro Castillo Terrones, frente a una de las industrias más rentables para el Estado.
“El Gobierno debe aclarar su posición [a favor o en contra] sobre la actividad minera, para que el inversionista, pueda asumir el riesgo y no tenga sorpresas en el camino, ya sea en la exploración o explotación de los recursos mineros”, afirmó el también docente del diplomado en Gestión minera de la Universidad Católica San Pablo.
Montes de Oca, cuestionó la tardía intervención del Gobierno, frente al conflicto propiciado por comunidades aledañas al yacimiento minero de Cuajone (Moquegua), que paralizaron las actividades por más de 50 días; mientras que en casos similares, como en Antamina (Ancash), a los diez días se conformó una mesa de negociación.
De igual forma, en el caso de Las Bambas (Apurímac), sostuvo que el conflicto se mantiene vigente y allí aprovechan la coyuntura política y social, para sumarse al reclamo en contra de la actividad minera en general y más aún, al conocer la posición del Ejecutivo que “no impulsa esta actividad”.
Costo país
Lo más lamentable, explicó Montes de Oca, es que el Gobierno al mostrarse frágil y ceder ante las protestas sociales, “se compromete con cosas que no puede cumplir y eso contribuye a crear más inestabilidad, dejando ‘bombas de tiempo’ que reventarán a futuro, porque no se ejecutarán los compromisos”.
Todo esto, repercute no solo en el desprestigio de las autoridades de alto nivel —desde los ministros y representantes del Ejecutivo—, sino en la imagen del país para atraer nuevas inversiones.
Días atrás, Perú retrocedió ocho puestos en el ránking mundial atractivo para inversiones mineras (al cierre de 2021). Estuvo ubicado en el puesto 34 en 2020 y pasó al 42 al cierre del año pasado. Esto, según Montes de Oca, solo es el inicio de lo que podría ocurrir hacia adelante. “Ahora estamos peor. Hay empresas mineras que no quieren ni ingresar a nuestro país para iniciar nuevas exploraciones”, apuntó.
Proyectos paralizados
Otro efecto de la falta de atención a los conflictos sociales, vinculados al sector minero de parte del Gobierno, es la paralización de proyectos que debían salir en los siguientes meses y el riesgo que corren otros que, están en camino de obtener sus permisos de operación.
Es por ello que, Southern Perú, anunció la postergación de la ampliación de la mina Cuajone (que significaba una inversión de US$ 850 millones), como consecuencia del bloqueo de los comuneros en esta zona desde el 28 de febrero.
Otro proyecto que podría paralizarse, es el de Corani (Puno), a cargo de la minera Bear Creek, que demandaba una inversión cercana a los US$ 600 millones, debido a que los inversionistas, tienen temor por la coyuntura política y social que afronta el país.
En Arequipa, el proyecto Zafranal —con EIA en revisión—, también podría estar en riesgo y ni qué decir de Tía María, que sigue paralizada porque el Gobierno lo consideró como una “papa caliente” para reactivarla en el mediano plazo.
Contexto internacional
No obstante y pese a este panorama en el país, a nivel internacional la guerra en Ucrania, contribuyó a disparar el precio del cobre , lo que beneficia al Perú, que conserva el segundo lugar en producción de este metal a nivel mundial.
César Montes de Oca aseveró que, incluso con una menor producción de cobre, obtendrían mayores rentas mineras, ya que el precio de la libra del metal, está por encima de los US$ 4.50 la libra y así se mantendría en lo que resta del año.
Es por ello que consideró que el Gobierno, no puede dejar desprotegido a uno de los principales sectores productivos del país, a menos que busque “sembrar caos e incertidumbre, para que si se alejan los inversiones mineras no sea porque el Gobierno los haya votado, sino porque la misma población lo hizo”.
“Este Gobierno no es muy transparente y en lugar de eso, debería convocar a especialistas en el manejo de conflictos sociales, con un perfil técnico para que desde la Presidencia del Consejo de Ministros, cierre el vacío que se observa hoy en día por la falta de estrategia para enfrentar estos reclamos”, concluyó.