Renato Sumaria Del Campo
Director del quincenario Encuentro
A Claudia Mostajo, una periodista que cumple funciones en el Ministerio Público en Arequipa, la acaban de amenazar con la destitución de su puesto de trabajo luego de haber opinado en contra de la reciente participación del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en la Comisión de Presupuesto del Congreso. La comunicadora escribió un artículo, que luego difundió por sus redes sociales, en el contexto de una huelga de trabajadores a la que se había sumado.
Su opinión, en apretado e injusto resumen, iba más o menos por este lado: bien Sánchez al defender el trabajo de sus fiscales, mal por quedarse callado y no demandar —ante quienes tienen el poder de aprobarle el presupuesto— mejoras económicas para mitigar las condiciones de hacinamiento y desgaste en las que miles de trabajadores administrativos del Ministerio Público hacen su labor diaria.
Alguien consideró que lo hecho por Claudia era un acto que atentaba contra el clima laboral y el prestigio de la más alta autoridad del Ministerio Púbico. Y entonces comenzó un hostigamiento que ha devenido un proceso administrativo.
No es poca cosa, estimado lector. En juego está el derecho de cualquier persona a expresar libremente sus ideas a través de los medios que estime pertinentes. Eso es algo que garantiza la Constitución para todos los peruanos. Se supone, además, que vivimos una democracia que, con todo y sus deficiencias, al menos nos permite opinar con libertad.
El ángulo más sensible del problema, sin embargo, son las pequeñas dictaduras que se esconden tras casos como este, y en las que pagan los platos rotos quienes realmente se atreven a decir lo que piensan. Así, estamos muy lejos de que en nuestras instituciones se entienda que el funcionario de más alto rango no goza de inmunidad frente a la opinión ciudadana sobre su labor.
La majestuosidad de una investidura pública o política muchas veces es malentendida y el lugar de su defensa no lo ocupa la institucionalidad, sino la adulación. Por eso es que tenemos a varios funcionarios —jueces, fiscales, alcaldes, congresistas y ministros— que caminan por la calle como el rey desnudo del cuento de Andersen.
Le haría bien a la imagen del Ministerio Público dejar de lado el proceso contra la periodista Mostajo; no sea que en aras de defender al jefe en realidad estén permitiéndole pasear por la comarca con su traje invisible. Al final, el que sale perdiendo no es el que le dijo que estaba desnudo, sino los que callaron con tal de caerle bien.
