Yamila Osorio también acudirá a Palacio de Gobierno por Majes II

Yamila Osorio también acudirá a Palacio de Gobierno por Majes II

Firma de adenda se complica por cuestionamientos de congresistas arequipeños

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A cuatro meses de culminar su gestión, Yamila Osorio tiene dificultades para destrabar Majes II.

Rolando Vilca Begazo

Yamila Osorio, gobernadora regional, también acudirá a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Martín Vizcarra. El motivo: sustentar la viabilidad del cambio tecnológico en el sistema de irrigación del proyecto Majes Siguas II.

Con ello se pretende superar el cuestionamiento que hacen, principalmente, los congresistas de Arequipa por la firma de la adenda n.° 13 del contrato de concesión, en la que se incluirá esta modificación y por la que el Estado tendrá que desembolsar un adicional de US$ 107 millones.

Javier Rospigliosi Vega, jefe del proyecto y gerente general del Gobierno regional, adelantó a Encuentro que en los siguientes días tramitarán la cita con el mandatario de Estado “para aclarar algunos puntos que están en discusión, desde el punto de vista técnico”.

Por su parte, Yamila Osorio, que acusó a los parlamentarios arequipeños de “politizar el proyecto Majes II” con sus críticas, dijo que no se oponía a una fiscalización hecha por los congresistas, pero aclaró que “la fiscalización no se podía confundir con entrampamiento”.
“Nuestras decisiones se ajustarán a todo el procedimiento técnico y legal que se está siguiendo sobre la adenda [n.° 13] del proyecto Majes II”, aseguró.

Sustento

El cambio tecnológico, según el informe presentado por la concesionaria Angostura-Siguas, se sustenta en la dificultad que existiría para irrigar las 38 500 hectáreas que serán habilitadas por la menor disponibilidad hídrica para el proyecto.

Esto, como consecuencia de la sentencia judicial que dispuso que se destine una mayor cantidad de agua de la cuenca del río Apurímac a la región Cusco. “Esto significará una reducción de 70 a 80 millones de metros cúbicos de agua y, como tal, que tres mil hectáreas de cultivo no sean irrigadas”, explicó Javier Rospigliosi.

El funcionario señaló que al cambiar los canales de conducción abiertos y expuestos a evaporación y filtraciones por tuberías cerradas no solo se optimizaría el uso del agua, sino que también se daría sostenibilidad al sistema de riego presurizado, con lo que los propietarios de cada uno de los módulos de 200 hectáreas de cultivo se ahorrarían
US$ 2 millones de inversión.

“Además, si no se aprueba el cambio tecnológico, se retrasaría la puesta en operación del proyecto entre 9 y 12 meses más. Eso es lo que se debe de evaluar. Por eso, la presión de los congresistas debe hacerse en el campo técnico, deberían presentar un estudio técnico para sustentar su oposición a la adenda”, afirmó.

Cuestionamiento

Los congresistas Justiniano Apaza, Alejandra Aramayo, Horacio Zevallos y Miguel Román cuestionan que la suscripción de la adenda n.° 13 termine avalando el desembolso de US$ 107 millones adicionales de parte del Estado a favor de la concesionaria Angostura-Siguas, que hasta ahora no ha garantizado la disponibilidad de su aporte para concretar la ejecución de Majes II.

Hasta el momento, el costo del proyecto es de US$ 550 millones, US$ 282 millones asumidos por el Estado y US$ 268 millones, por la concesionaria. El Estado ya desembolsó US$ 114 millones y la concesionaria solo gastó US$ 30 millones en la tuneladora para la construcción del túnel trasandino, obra que se encuentra paralizada desde enero.

De aprobarse la adenda n.° 13, el costo se incrementaría a 660 millones y la diferencia, tal como lo anticipó el presidente Vizcarra en la sesión solemne por el aniversario de Arequipa, saldría del tesoro público.


Para tomar en cuenta 

Luego de la reunión de la bancada de Arequipa con Martín Vizcarra, este solicitó un informe técnico al Ministerio de Agricultura para determinar la viabilidad del cambio tecnológico en Majes II.

El informe técnico de Agricultura servirá para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decida si se debe autorizar el desembolso de los US$ 107 millones. La Contraloría General de la República también opinará sobre la legalidad de la adenda n.° 13, una vez que el MEF se pronuncie.

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