Rolando Vilca Begazo
Dada la situación, la ejecución del viaducto Salaverry no saldría en el corto plazo. El mismo alcalde provincial, Alfredo Zegarra Tejada, admitió que se esperará lo necesario para que el proyecto cuente con todos los permisos y supere las observaciones técnicas. “Si demora, ni modo. Pero no vamos a iniciar la obra si no se tiene todo resuelto”, declaró días atrás al responder a la prensa por el escándalo que podría envolver a esta obra en las actuales circunstancias.
Ahora, resulta que la empresa Edco Contratistas, responsable de la construcción del intercambio vial entre las avenidas Dolores y La Salud, que presenta deficiencias técnicas —que motivarían incluso el demoler parte de la infraestructura—, ganó la buena pro, junto con Consultora SAC, para encargarse de la supervisión de esta obra subterránea.
Pero no solo esto, sino que Edco Contratistas también fue contratada el año pasado por la Municipalidad Provincial de Arequipa para resolver las observaciones hechas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al proyecto inicial, con la finalidad de que acceda al financiamiento del Gobierno nacional.
Incluso, José Flores Castro, decano del Colegio de Ingenieros, aclaró a Encuentro que en el expediente técnico del viaducto Salaverry, Edco Contratistas aparece como el responsable del proyecto. “En el expediente que revisamos, y al cual hicimos varias observaciones, está el rótulo de Edco Contratistas. Ellos son los proyectistas”, afirmó.
Estos hechos fueron consultados con el alcalde, Alfredo Zegarra, quien se mostró sorprendido y extrañado por una información que, según él, desconocía. “No sé, primera noticia. En todo caso, tomaré las decisiones que sean necesarias. De ninguna manera aceptaré que alguien que no cumplió bien su trabajo siga trabajando con la municipalidad”, detalló.
¿Juez y parte?
El cuestionamiento que involucra a Edco Contratistas no es solo porque intervino en el intercambio de las avenidas Dolores – La Salud, que presenta serios problemas técnicos y cuya culminación fue postergada en varias ocasiones, sino porque se convertiría en juez y parte al supervisar la ejecución de un proyecto que ellos mismos diseñaron.
“Eso no puede ocurrir porque Edco puede tapar las deficiencias del proyecto que ellos mismos diseñaron”, apuntó José Flores Castro. Lo peor de todo, agregó, es que las observaciones que hizo el Colegio de Ingenieros hace más de dos meses al proyecto del viaducto Salaverry hasta ahora no son levantadas por los técnicos de la Municipalidad Provincial.
“Tuvimos varias reuniones con personal del municipio, pero sus respuestas son insuficientes. Solo cumplen con entregar información teórica, pero que no resuelve ni conduce a solucionar los problemas identificados”, refirió. Incluso, Flores Castro consideró que los técnicos de Edco Contratistas “deberían ser quienes levanten las observaciones del proyecto”, ya que ellos son los responsables de su elaboración.
Fiscalía interviene
Para colmo de males, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental exhortó al burgomaestre provincial, así como a sus funcionarios, a que no autoricen la ejecución del viaducto Salaverry “sin que previamente se cuenten con todos los documentos, las autorizaciones y las opiniones técnicas de las autoridades competentes”.
Carolina Cáceres Zúñiga, fiscal a cargo, le recordó además a Alfredo Zegarra que de iniciar esta obra con tales problemas sería pasible de una denuncia penal, una sanción de cuatro a siete años de cárcel y la inhabilitación para ejercer una función pública por un periodo de uno a siete años.
Recordemos que el Ministerio de Cultura no otorgó el permiso para este proyecto, en tanto que el Ministerio del Ambiente cursó una comunicación para que el municipio tramite el estudio de impacto ambiental ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, proceso que aún no se ha efectuado.
Explicaciones
Por otro lado, la Contraloría General de la República fijó un plazo de tres días hábiles para que los regidores de la comuna provincial expliquen por qué aprobaron la firma del contrato con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que se encargó de licitar la obra del viaducto Salaverry. Según el oficio n.° 01832017-CG/COREAR-AC-MPA, los concejales debieron indagar sobre la capacidad técnica de la OIM en procesos de selección y si el proyecto contaba con todas las autorizaciones.
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