Renato Sumaria Del Campo
En veinte meses, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) desembolsó algo más de S/ 570 millones en avisaje publicitario (Ollanta Humala gastó S/ 900 millones en cinco años). Dentro de lo llamativo de la cifra, hay algunos ítems que valen la pena destacar, como el aumento de los montos en fechas específicas y el destino de estos.
Así, S/ 32 millones fueron pagados en plena emergencia por el fenómeno de El Niño Costero a inicios del 2017; luego, en el cuarto trimestre del mismo año, cuando ya se hablaba de una posible vacancia, el gasto se disparó hasta S/ 121 millones. El grueso de pagos por publicidad se distribuyó entre doce conglomerados mediáticos del país. Todos de Lima.
Frente a este panorama, ¿es una buena idea plantear una ley que prohíba la publicidad estatal en los medios privados?
La ley Mulder
El proyecto del parlamentario aprista Mauricio Mulder fue aprobado por insistencia el pasado 12 de junio en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso. En el pleno del 14 de junio la ley obtuvo el respaldo de 70 congresistas y el rechazo de 30. Hubo 7 abstenciones.
La nueva ley prohíbe la colocación de publicidad estatal en medios privados y obliga al Estado a dirigir todo su avisaje a medios oficiales a “tarifa de costo”. También plantea el uso de redes sociales para difundir lo que se necesite y denunciar por malversación de fondos a los funcionarios que paguen por noticias o reportajes que forman parte de un ejercicio periodístico y no publicitario.
La propuesta se ampara en un “criterio de racionalidad de gasto” en respuesta “a la amplia discrecionalidad que tienen varios funcionarios” para solicitar recursos al fisco con el fin de publicitar logros, obras, campañas, entre otros, mientras existen prioridades de gasto.
Contrapunto
“Puede ser que algún sector se haya excedido [en el gasto de publicidad], ese es un tema de análisis, pero lo que no se puede hacer es limitar la necesidad de información que el Gobierno tiene que dar a la población”, señaló el presidente Martín Vizcarra, sentando así su posición en contra de la norma.
Para el mandatario, “el Estado debe tener facilidades para comunicar a la población todo lo que requiere de ella para cumplir sus objetivos”. La contrapropuesta del Gobierno a la llamada ley Mulder es la regulación del gasto en publicidad planteando topes de entre 6 y 8 % de la partida anual de publicidad que cada ministerio y Gobierno regional o local tenga aprobada para difundir su trabajo.
Mauricio Mulder, en cambio, señala que “deben establecerse mecanismos severos de restricciones para que las autoridades que manejan recursos públicos no caigan en hacerse propaganda y publicidad con el dinero de todos”.
“En este tipo de debates, hay que ver a quiénes representamos […]. Yo represento a mis electores que se han visto postergados en sus necesidades básicas por los gobiernos que han hecho una farra con la publicidad”, afirmó.
