Gobierno centraliza ejecución de obras en “canje por impuestos”

Gobierno centraliza ejecución de obras en “canje por impuestos”

Ejecutivo limita financiamiento para gobiernos regionales y municipios

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El gobierno nacional debilita la capacidad de inversión pública al interior del país.

Nuevo golpe a la descentralización. Días atrás el Ejecutivo promulgó el D.L. 1238 que limita la ejecución de obras, en la modalidad de “canje por impuestos”, en los diferentes municipios y gobiernos regionales del país.

De ahora en adelante estas instancias gubernamentales no podrán financiar proyectos que excedan las quince mil Unidades Impositivas Tributarias (UITs), es decir S/. 57.75 millones. Bajo este nuevo esquema de inversión el puente Chilina, por ejemplo, jamás se habría construido.

Y para completar esta afectación centralista, el Ejecutivo se reservó para los distintos ministerios la ejecución de obras que superen el tope fijado para los municipios y gobiernos regionales. También, se deja abierta la posibilidad para que ambos niveles de gobierno, a través de convenios, puedan financiar obras más costosas.

Más centralismo

Para la gobernadora regional, Yamila Osorio Delgado, esta disposición del gobierno nacional denota una tendencia al centralismo. “Esto es un retroceso en la descentralización y que por el contrario, debería fortalecerse”, argumentó.

Aunque admitió que en el caso del gobierno regional de Arequipa no se verá afectado, puesto que solo tiene un saldo disponible de S/. 25 millones, después de financiar el puente Chilina (S/. 245,53 millones), aclaró que limita seriamente la capacidad de inversión en el resto de gobiernos regionales y municipalidades.

En el mismo sentido se pronunció el economista, Patricio Quintanilla Paulet, quien refirió que esta disposición ratifica “la actitud centralista del gobierno de Ollanta Humala”, en un contexto complicado para las regiones, por la reducción en las transferencias de recursos de inversión.

Además recordó, que este mecanismo de financiamiento inicialmente se creó solo para las regiones y municipios del interior del país. Luego, se incorporó a Lima y finalmente, se
permitió la participación de los ministerios. “El mismo presupuesto público elaborado por el Ejecutivo para el 2016 aumenta la concentración de inversión de 70% a 75% en el gobierno nacional, en desmedro de los gobiernos regionales y municipios que disminuyen su capacidad de gasto de 30% a 25%”, agregó.

Reclamo nacional

El malestar que genera este centralismo en el manejo de los fondos de inversión pública, en opinión de Yamila Osorio, tendrá que ser canalizado a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Asociación de Municipalidades del Perú.

Incluso, consideró que así como el Premier se reúne con los líderes de las diferentes tiendas políticas, de la misma forma debería convocar a los gobernadores regionales, porque son ellos los que conocen mejor la realidad de sus jurisdicciones territoriales.

“Otro tema que se debe incluir es el de los conflictos sociales, muchos de ellos se deben a la falta de coordinación con todos los niveles de gobierno. Quién mejor que nosotros para transmitir lo que ocurre en nuestras regiones. Pero desde hace mucho tiempo no se nos convoca y esto es un grave error”, apuntó.


 

“Las evidencias del centralismo”

Patricio Quintanilla
(Economista)

Primero fue la eliminación de la contribución de solidaridad con el pueblo (aporte voluntario), que permitía transferir el 3.75% de las utilidades de las mineras a las regiones, para crear el gravamen minero y concentrar todos estos recursos en la caja del tesoro público y decidir su destino desde Lima.Ahora, se limita la ejecución de obras por impuestos al interior del país, cuando este mecanismo servía para compensar la menor contribución minera que recibían.

Esto evidencia que toda la inversión importante se decidirá no solo desde Lima, sino que se concentra en esta ciudad, por ejemplo, allí se ejecutan la línea 2 del metro (valorizada en más de 5,300 millones de dólares) y es la obra más importante del país. Lo peor que se origina con estas decisiones es que se limita la capacidad de las regiones para generar condiciones de desarrollo en las zonas más pobres del país.

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